Se cumplen 37 años de la Masacre de Cantaura, hecho ocurrido en dicha población del estado Anzoátegui en el marco de un operativo conjunto en el que participaron unos 400 efectivos del Ejército, Aviación, y la antigua Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP). En este suceso fueron asesinados 23 luchadores sociales pertenecientes al Frente Américo Silva (FAS) de la organización política Bandera Roja, cuyas edades oscilaban entre los 16 y los 30 años.

El campamento guerrillero, comandado por Roberto Rincón Cabrera (el Catire Rincón), estaba compuesto por 41 hombres y mujeres quienes se habían instalado en la zona conocida como «Los Changurriales del Mocho Evans», con la intención de realizar una toma propagandística de la población de Cantaura el 12 de octubre de 1982. Testimonios de los sobrevivientes y de la comandancia del FAS indican que fueron infiltrados por efectivos de la DISIP, quienes crearon las condiciones para que se realizara la emboscada que generó la muerte de los 23 guerrilleros. Luego de la incursión militar, 18 personas lograron huir y sobrevivir al intenso bombardeo de los aviones Camberra y Bronco de la Aviación Militar, y al asedio de las tropas en tierra.

Después de divulgarse lo ocurrido se produjeron movilizaciones de rechazo a la actuación de la fuerza pública y diversas expresiones de solidaridad a nivel nacional. Las denuncias de los sobrevivientes indicaban que se cometieron ejecuciones contra personas que se habían rendido, y daban cuenta de una actuación asimétrica y desproporcionada por parte de los componentes de la FAN y la Disip actuantes en la operación. Aunque el movimiento de Derechos Humanos en el país daba apenas sus primeros pasos, Amnistía Internacional expresó en su Informe Anual del año 1982 su preocupación por los hechos y requirió al Estado venezolano información sobre el incidente. Citamos parte del contenido expresado en el Informe de AI:

El 17 de diciembre, Amnistía Internacional pidió información sobre un incidente ocurrido el 4 de octubre de 1982 en el que 23 miembros del grupo guerrillero Bandera Roja fueron asesinados en una operación combinada entre el ejército y la policía política civil, Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP). El campamento guerrillero fue rodeado y objeto de ataque con ametralladoras y bombardeo de aviones de vuelo bajo. Debido al incidente en Cantaura, estado Anzoátegui, se creó una comisión de investigación por parte del Congreso y del Fiscal General al enterarse que no hubo sobrevivientes, y que las víctimas habían sido enterradas en tumbas sin practicársele autopsias. El ejército se negó a devolver los cuerpos a los familiares, o permitir autopsias por el médico forense civil. Aunque a las familias se les permitió recuperar los cuerpos 10 días más tarde, el ejército siguió negando las  autopsias. El oficial comisionado por el Fiscal General para realizar las exhumaciones el 14 de octubre fue sacado por la fuerza del cementerio con el argumento de que la investigación era un asunto exclusivo de la jurisdicción de los Tribunales Militares. Amnistía Internacional expresa preocupación por la afirmación del ejército a ese respecto y da la bienvenida a las declaraciones de la oficina del Fiscal General de que continuaría su propia investigación.

En su Informe Final publicado en marzo de 2017, la Comisión del Estado por la Justicia y la Verdad describe lo ocurrido así:

En la madrugada del día 4 de octubre de 1982, los miembros de cada uno de los batallones y funcionarios adscritos a la Disip, entre las tres y cuatro de la madrugada, se dirigieron al lugar de ubicación que les fue asignado y tomaron sus posiciones, cercando a las víctimas.

Cuando el reloj marcaba aproximadamente las 5:45 de la mañana, los efectivos militares efectuaron vuelos rasantes sobre el lugar donde se encontraba el campamento y sus alrededores, con las aeronaves Canberra y OV-10 Bronco; estas últimas, realizaron operaciones de bombardeo y ametrallamiento.

El mismo duró pocos minutos. Seguidamente, y sin dar oportunidad de defensa alguna a las víctimas, se inició un ataque con las tropas, que para tales fines se trasladaron a ese sector, quienes de inmediato empezaron a disparar, produciéndose «un presunto enfrentamiento», llamado para la época «encuentro armado», que duró hasta las seis de la tarde de ese día. Lo cual se llevó a cabo, obedeciendo a una planificación previa, donde las autoridades tenían conocimiento, que en el campamento se encontraban aproximadamente de cuarenta a cincuenta militantes del Frente Guerrillero Américo Silva, y por esa razón fue sobrevolado y atacado, sorprendiendo a sus víctimas.

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41 años de impunidad

En esta operación conjunta fueron asesinados 23 jóvenes pertenecientes al Frente Américo Silva (FAS) identificados como:

• Alfonzo Salazar Sor Fanny
• Alonzo Carrasquel Diego Alfredo
• Arzola Hernández Carlos Jesús
• Becerra Navarro Jorge Luis
• Castro Batista Rubén Alfredo
• Echegarreta García Antonio María
• Estévez Arranz María Luisa
• Farías Mejías Julio César
• García Carmen Rosa
• Gómez Luis José
• Gutiérrez Rojas Eumenedis Ysoida
• Herrera Veracierta Baudilio Valdemar
• Jiménez Beatriz del Carmen
• Márquez Velásquez Enrique José
• Martell Daza Eusebio Ricardo
• Miguez Núñez José
• Morillo Ildemar Lorenzo
• Pacín Collaso Nelson Antonio
• Tejada Zapata Mauricio Alejandro
• Sambrano Mira Carlos Alberto
• Guzmán Cordero Emperatriz
• Rincón Cabrera Roberto Antonio
• Zerpa Colina José Antonio