Caracas 27 de julio 2008 . En el último año, el conflicto colombiano ha recorrido el mundo entero a través de las páginas de los más importantes diarios del planeta.
El canje humanitario y la liberación de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, como símbolo de los rehenes en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), ha movido a millones de personas a clamar la libertad de todos los secuestrados y a exigir la desarticulación de la guerrilla.
Pero, el conflicto colombiano no genera sufrimiento de un solo lado, la realidad tiene dos caras. Frente a los más de 700 rehenes en manos de las Farc se encuentran los 7.200 presos políticos del Estado, quienes enfrentan cargos por “rebelión o conexos”.
El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos colombianos (Cspp), defensor de los derechos humanos y en permanente alerta sobre la situación que viven estos detenidos, afirma que las violaciones a las garantías de los reclusos son constantes por parte del Estado.
“Aun cuando el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) dice que en las cárceles no hay distinción de presos, que todos son iguales y se envían a cualquier penal, en la práctica la diferencia de trato que recibe el preso político, del reo social y del paramilitar sí existe”, indicó Carolina Rubio, representante del Cspp en Santander en conversación con Últimas Noticias. Para Rubio, la política del Inpec es sólo parte de la estrategia gubernamental para desconocer el conflicto armado que vive Colombia.
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