Publicada: domingo, 11 de octubre de 2026
El Premio Nobel de la Paz 2026 otorgado a la jurista sudafricana Navi Pillay pone de relieve su larga trayectoria en la búsqueda de la justicia internacional, en particular en lo que respecta al genocidio israelí-estadounidense en Gaza, que ha indignado tanto a Tel Aviv como a Washington.
Por el sitio web de HispanTV
La jurista sudafricana de origen indio, Navanethem “Navi” Pillay, ganó el Premio Nobel de la Paz 2026 por su trabajo de décadas en pro de la justicia internacional, lo que provocó la ira de funcionarios del régimen israelí y sus aliados estadounidenses por su defensa de los derechos palestinos y su papel en una investigación de la ONU que concluyó que Israel había cometido genocidio en Gaza.
Pillay, abogada de derechos humanos y ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue galardonada el viernes con el Premio Nobel de la Paz 2026.
El Comité Noruego del Premio Nobel destacó sus contribuciones al fortalecimiento del orden jurídico internacional y a “garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio sean enjuiciados”.
El premio reconoció una trayectoria profesional que abarca la lucha contra el apartheid, procesos penales internacionales históricos y esfuerzos por exigir responsabilidades a los gobiernos por graves violaciones de los derechos humanos.
También volvió a poner de relieve la labor de Pillay como presidente de la Comisión de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Al-Quds (Jerusalén) Este.
En septiembre de 2025, la comisión concluyó que el régimen de ocupación israelí había cometido genocidio contra los palestinos en Gaza, donde más de 74 000 palestinos han sido asesinados en los últimos tres años, la mayoría de ellos mujeres y niños.
El premio ha vuelto a centrar la atención en las conclusiones de la comisión, las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI) contra funcionarios del régimen israelí, incluido Benjamín Netanyahu, y la campaña cada vez más agresiva de Washington contra las instituciones judiciales internacionales que buscan la rendición de cuentas por los horrendos crímenes cometidos por funcionarios israelíes.
Esto se produjo al mismo tiempo que la administración del presidente estadounidense Donald Trump imponía nuevas sanciones a la CPI por sus esfuerzos para exigir responsabilidades por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza.
De la Sudáfrica de la era del apartheid a la justicia internacional
Pillay nació en Durban en 1941 en el seno de una familia de origen tamil indio y creció bajo el sistema del apartheid sudafricano, que institucionalizó la segregación y la discriminación racial.
Su experiencia con ese sistema contribuyó a forjar su compromiso con la igualdad jurídica y la protección de las personas excluidas del poder político y social.
Se hizo abogada en una época en la que el apartheid imponía severas restricciones a los derechos de la mayoría negra del país.
En 1967, Pillay se convirtió en la primera mujer en establecer un bufete de abogados en la provincia de Natal, en Sudáfrica. Representó a activistas antiapartheid y a presos políticos, incluyendo a personas perseguidas por oponerse al gobierno de la minoría blanca.
Su labor jurídica se desarrolló en torno a un principio que seguiría siendo fundamental a lo largo de su carrera: la ley debe proteger a las personas contra los abusos de poder, independientemente de la posición política de los responsables.
En 1995, tras el fin del apartheid en su país natal, Pillay se convirtió en la primera mujer negra nombrada jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica.
Ese mismo año, se unió al Tribunal Penal Internacional para Ruanda, creado para enjuiciar a los responsables del genocidio de 1994 y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario.
Su trabajo en Ruanda se convirtió en uno de los capítulos más importantes de su carrera. Como jueza, Pillay participó en procesos que ayudaron a establecer principios fundamentales sobre la violencia sexual durante los conflictos armados.
La sentencia del tribunal de 1998 en el caso del Fiscal contra Jean-Paul Akayesu reconoció que la violación y otras formas de violencia sexual podían constituir genocidio cuando se cometían con la intención necesaria de destruir, total o parcialmente, a un grupo protegido.
La sentencia también estableció que la incitación directa y pública a cometer genocidio podría ser procesada como un delito distinto.
Posteriormente, Pillay fue presidente del tribunal de Ruanda, donde ayudó a supervisar su labor en una etapa crucial del desarrollo de la justicia penal internacional.
La CPI, las Naciones Unidas y una agenda más amplia de derechos humanos
Entre 2003 y 2008, Pillay ejerció como jueza en la Corte Penal Internacional (CPI), que procesa a personas acusadas de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y, bajo ciertas condiciones, del crimen de agresión.
Posteriormente, Pillay fue Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde 2008 hasta 2014. En ese cargo, abogó por la protección de las poblaciones vulnerables, la rendición de cuentas por violaciones graves y la aplicación de las normas de derechos humanos sin discriminación.
En la actualidad, Pillay ejerce como jueza en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso en el que Myanmar está acusado de genocidio contra los musulmanes rohingya.
En todos estos cargos, Pillay hizo hincapié repetidamente en que el derecho internacional debe aplicarse tanto a los Estados poderosos y sus aliados como a los países más débiles. Su enfoque situó la rendición de cuentas, en lugar de la influencia política, en el centro de la respuesta internacional a las atrocidades masivas.
Su posterior nombramiento como presidenta de la “Comisión de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado, Al-Quds Este e Israel” puso ese enfoque en confrontación directa con una cuestión en la que Israel ha seguido gozando de impunidad por sus crímenes de guerra, protegido de la rendición de cuentas por poderosos aliados a pesar de las crecientes pruebas de graves violaciones contra los palestinos.
En una entrevista concedida a Noticias ONU en 2024, afirmó que resulta inquietante que un país siga violando el derecho internacional con la ayuda de Estados poderosos que dicen apoyar los derechos humanos.
“Es muy preocupante que un país salga impune de eso”, precisó.