18 NOVIEMBRE, 2023
Iniciativa para las Américas. El 14 de septiembre de 1990 el presidente George Bush, padre, propone ante el Congreso de Estados Unidos el proyecto de Ley Iniciativa para las Américas, que comprende la creación de un sistema de libre comercio hemisférico, la promoción de las inversiones en los países del área, la reducción de la Deuda Externa de éstos, y medidas sobre el ambiente. No es más que un intento de materializar las políticas económicas recomendadas por Washington en la Primera Conferencia Panamericana, mantenidas a lo largo de las siguientes conferencias, y reiterada por sus asesores de política externa en los Documentos de Santa Fe. Cada uno de sus puntos amerita serios reparos.
Los tres pilares de la iniciativa, según el mensaje de Bush, consisten literalmente en:
Primero, queremos expandir el comercio tanto por medio de una estrecha colaboración con las naciones de América y del Caribe ahora que está por concluir la Ronda de Uruguay, como por la vía de acuerdos de libre comercio con la meta ulterior de un sistema de libre comercio hemisférico.
Segundo, queremos estimular la inversión y ayudar a los países a competir por el capital, introduciendo reformas en sus políticas económicas generales y en sus sistemas regulatorios específicos.
Tercero, queremos construir sobre la base de nuestros esfuerzos exitosos para aliviar el peso de la deuda y aumentar los incentivos para que los países reformen sus economías, ofreciéndoles medidas adicionales en al área de la deuda. Como parte de nuestros esfuerzos con respecto a la deuda, queremos apoyar el ambiente promoviendo una gerencia sostenible de los recursos naturales como un elemento clave para construir un futuro sólido para el hemisferio (Bush, George 2003, 215-217).
Cierra el documento con la confesión de que “Estados Unidos no ha quedado inmune ante la crisis económica enfrentada por América Latina y el Caribe durante la última década”, ya que “en la medida en que los países de la región rebajan sus importaciones, posponen inversiones y luchan por cumplir el servicio de la deuda externa, también nosotros quedamos afectados. Nosotros perdimos comercio, mercados y oportunidades”. Vale decir, exacerbar el peso de la explotación financiera sobre América Latina y el Caribe a la larga afecta a los explotadores.
La propuesta de la zona de libre comercio obedece al inalterable plan estadounidense de asegurarse mercados cautivos en el continente. Implica condiciones de liberalización del comercio y políticas macroeconómicas tuteladas, que podrían ser contrarias a la soberanía de los países latinoamericanos. Además, exige condiciones de reciprocidad que resultarían de hecho nocivas para las economías subdesarrolladas, y un sistema de competencia y no de complementariedad entre ellas, que las llevaría al enfrentamiento y la atomización.
La propuesta de promoción de las inversiones se limita a una contribución de l00 millones de dólares por parte de Estados Unidos a un fondo al cual invitan a cooperar a Japón y a la Comunidad Europea, y que sería gerenciado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Esta colaboración es tan exigua que no tiene importancia real.
La propuesta de reducción de la Deuda, afectaría sólo 7.000 millones de dólares de las obligaciones con los Estados Unidos, las cuales sumaban para el momento un monto global de l2.000 millones de dólares y apenas constituían el 3% del total de la Deuda latinoamericana. Estas ventajas, que se concederían sólo a países insolventes que de todos modos no podían realizar pago alguno, representarían en el mejor de los casos un alivio de l,75% de la carga financiera de la región.
En la propuesta sobre el ambiente, Estados Unidos avanza su plan de dominio de los recursos naturales hemisféricos. Apunta a la creación de un fondo “en el cual se depositan los pagos de intereses en la moneda local” que “será propiedad del país deudor pero sometido a una programación conjunta del país deudor y del gobierno de Estados Unidos”.
Así, las cantidades exaccionadas por concepto de deuda a nuestros países en parte quedarán bajo control de la potencia del Norte a fin de que ésta las aplique a gerenciar los recursos naturales latinoamericanos de acuerdo con sus intereses.
La Iniciativa para las Américas es considerada por Demetrio Boersner como intento de Estados Unidos de recuperar la hegemonía comercial en América Latina frente a los decisivos avances de Europa y Japón en el hemisferio, a la vez que su continuación histórica del proyecto que presentó el secretario de Estado estadounidense James Blaine exactamente un siglo antes a consideración de la Primera Conferencia Panamericana (Boersner, Demetrio, Caracas 2004, 275). Al igual que dicha Conferencia, la propuesta de Bush quedó sin mayores efectos. Imperturbable en sus objetivos, Estados Unidos la replanteó luego en una forma más totalizante del TLCAN y en la llamada Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En 1989 Estados Unidos suscribe un tratado de Libre Comercio con Canadá, país que desde mucho antes está en su órbita económica. En 1992 propone extender un acuerdo similar a México a fin de eliminar las barreras aduaneras, las limitaciones a la inversión y extender la protección de la propiedad intelectual a los tres países. Para Estados Unidos el tiempo se agota. El repunte de las economías asiáticas, el crecimiento económico de China y la acelerada integración de la Unión Europea plantea la urgencia de consolidar un bloque hemisférico que los equilibre.
El acuerdo suscita debates en las asambleas legislativas de los países interesados. En Estados Unidos, las organizaciones sindicalistas promueven abierta oposición argumentando que la mano de obra barata y no protegida mexicana mermará sus empleos y condiciones laborales, y los ecologistas se oponen a la devastación que implicará la explotación de una naturaleza desprotegida y desregulada. Por otra parte, el comercio estadounidense, constituido por mercancías con alto valor agregado, se concentra esencialmente en Canadá y Japón, y para ese entonces sus exportaciones e importaciones con México no exceden del 10% del total (Ramoni y Orlandoni 2002, 178).