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El permiso dado por la administración de Joe Biden para arrebatarle Citgo a Venezuela, a pocas horas de que Juan Guaidó pisara Miami huyendo de su propio descalabro político, se inscribe en la estrategia de internacionalización de la otrora Apertura Petrolera, puesta en práctica por la gerencia meritocrática de PDVSA durante en segundo mandato de Rafael Caldera, a principios de la década de los 90. Es decir, el robo de Citgo comenzó con la compra de Citgo.
El apuro por llevarse a Guaidó también se explica por la cada vez mayor fortaleza internacional del gobierno del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, lo cual conlleva a los sedientos por robarse la refinadora a presumir que un presunto debilitamiento de las sanciones minaría las acciones ilegales destinadas a quitarle la filial a PDVSA..
“En particular, han aumentado temores a que la disolución de la presidencia interina precipite la pérdida de espacios políticos y los activos internacionales que la oposición venezolana ha controlado y administrado desde 2019”, dice el periodista Alfonso Moleiro en un reportaje para el diario español El País.
La presunción también es corroborada por el economista y consultor internacional Francisco Rodríguez, quien reconoce que, “en el caso del oro del Banco de Inglaterra, la disolución del Gobierno interino aumenta la posibilidad de que el Ejecutivo de Maduro gane ese caso y obtenga esos recursos, calculados en unos 930 millones de euros”.
Regresemos. El profesor ucevista Carlos Mandoza Potellá, quien tuvo la suerte de acompañar en sus investigaciones al venezolano fundador de la Opep, Juan Pablo Pérez Alfonzo, narra con frecuencia cómo las transnacionales petroleras Creole y Exxon estaban “interesadísimas” en que los gobiernos de Rafael Caldera (1969-1974) y Carlos Andrés Pérez (1974-1979) nacionalizaran la industria petrolera, algo totalmente inconcebible en el péndulo de poder de la Guerra Fría.
“En Venezuela, amparado entonces en la Ley Sobre Bienes Afectos a Reversión aprobada en 1971, el país se preparaba para una reversión total de las concesiones dadas a las transnacionales petroleras a partir de 1983, cuando vencía el 80% de las mismas”, narra Potellá.
Pero súbito destaca que la estrategia de las corporaciones no permitía esa espera, de suyo onerosa, pues la Ley las obligaba a cumplir hasta el final de las concesiones con el mantenimiento operativo de los yacimientos de los cuales ellas eran titulares.
Fue así como entre septiembre de 1972 y el mismo mes de 1973 se produjeron declaraciones sucesivas de dos presidentes de la Compañía Shell de Venezuela (J.J. de Liefde y Kenneth Wetherell) y el de la Creole Petroleum Corporation (Robert N. Dolph), en las cuales informan de la disposición de sus respectivas casas matrices a un adelanto de la reversión.
En 1974 visitan al país los máximos dirigentes de los consorcios Royal Dutch Shell (Gerrit A. Wagner) y Exxon Corp. (su vicepresidente, el venezolano Siro Vásquez) para expresar su avenimiento a una nacionalización negociada.
Potellá detalla que se trataba de una fórmula precautelativa del capital internacional, ensayada desde los años 60 con el proceso de “venezolanización de la gerencia” y coronada con precisión en agosto de 1975, cuatro meses antes la promulgación de la Ley que Reserva al Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos.
Y así, en agosto de 1975 las mismas concesionarias designaron de su seno a quienes asumirían el primero de enero de 1976 la gerencia petrolera venezolana: el entonces presidente de la Compañía Shell de Venezuela se convirtió en presidente de la “Operadora Nacionalizada” Maraven. El vicepresidente de la Creole Petroleum Corporación, filial venezolana de la Standard Oil-Exxon se transmutó en presidente de Lagoven, otra “operadora nacionalizada”.
El mismo esquema se repitió once veces con los gerentes de las demás filiales transnacionales, travestidos en gerentes de empresas estatales, un tipo de empresa que ellos habían enfrentado y ridiculizado durante décadas.
Además, cada una de esas nuevas operadoras contaba, de acuerdo con el avenimiento, con un contrato de asistencia técnica que garantizaba la presencia de su antigua casa matriz en todos los negocios futuros. (cambio de patrón de refinación, desarrollo de la Faja del Orinoco, proyectos gasíferos costa afuera, control de siniestros, suministro de equipos, aditivos, partes y piezas).
Es decir, las transnacionales se fueron, pero se quedaron con contratos de asistencia técnica, sus equipos directivos y prácticas de cultura política corporativa, dentro de las cuales ocupaba especial atención el ejercicio del lobby y la manipulación de la opinión pública contra los líderes políticos que no acataran sus designios.
Juan Carlos Boue, en su libro El programa de Internacionalización de PDVSA. Triunfo estratégico o desastre fiscal, apunta que este programa arrancó, hacia finales de 1982, con el establecimiento de una empresa mancomunada con Veba Oel en Alemania, en las postrimerías del gobierno de Luis Herrera Campíns.
“El gobierno de su sucesor, Jaime Lusinchi (1984-1989), ordenó la suspensión del programa de internacionalización en 1984, debido a que percibía su costo como muy elevado y sus beneficios como demasiado inciertos”. La historia demostró que Lusinchi tenía razón. La rentabilidad de las refinerías se sustentaba en que PDVSA les vendía petróleo venezolano a precios por debajo del mercado.
Potellá cita a un analista que señala: “PDVSA fue la única entre las compañías petroleras, estatales o privadas, en lanzar un agresivo programa de expansión, inversión en el exterior, en medio de una fuerte caída del precio del petróleo. Y lo hizo cuando Venezuela se tambaleaba bajo el costo social de las medidas de austeridad del gobierno y se precipitaba hacia una crisis”.
En 1986, PDVSA adquiere una participación accionaria en cinco refinerías localizadas en Estados Unidos, Suecia y Bélgica, y arrienda una refinería en Curazao. Un caso típico de ese comportamiento gerencial fue la adquisición del 100% de Citgo y la posición negativa de la gerencia de PDVSA frente a la orden del presidente Carlos Andrés Pérez (1989-1993) de abandonar esa posición comprometedora.
Pérez consideraba entonces —1992— durante su segundo mandato, que poseer cien por ciento una refinería en EEUU era vulnerable y propicia para hacerla objeto de medidas proteccionistas por parte de las autoridades norteamericanas. No se equivocó. La presunción hoy es corroborada por el secuestro de Citgo por parte de EEUU.
Potellá reproduce la síntesis de estas incidencias que hace la analista de Petroleum Economist, quien las resume con la siguiente sentencia: “Los defensores acérrimos de la internalización creen que pueden retrasar las órdenes de Pérez hasta que deje el cargo en poco más de un año”.
Tal cual. Retrasaron las órdenes y en poco más de un año la gerencia meritocrática de PDVSA fue determinante en la salida de CAP de la presidencia. La tarea se vio acompañada por las buenas relaciones de PDVSA con los medios, en especial, El Nacional, cuyo peso ya declinante en la opinión pública fue usado para denunciar las reiteradas violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción insertos en el gobierno de CAP. Tal escenario mediático favoreció a PDVSA y al fisco de EEUU.
En época reciente, el deseo por apropiarse de los activos petroleros venezolanos, advertido por CAP e inscrito en la Internacionalización de la Apertura Petrolera, dio un salto adelante cuando la refinadora fue ilegalmente confiscada por el Gobierno de Donald Trump a comienzos de 2019 y entregada ilegalmente a una junta directiva designada por el exdiputado opositor Juan Guaidó, con el apoyo de la Corte de Delaware.
Ya en agosto de 2021, la periodista Fabiola Zerpa, de la agencia Bloomberg, alertaba que “Mientras el poder del líder de la oposición venezolana ha ido disminuyendo, conservó algo para cuando fuera necesario: Citgo Petroleum Corporation, la refinería y distribuidora de hidrocarburos y combustibles estadounidense, propietaria de tres refinerías, seis oleoductos y 42 terminales en 21 estados con 3.400 empleados”.
El medio de investigación periodística, Misión Verdad, precisa que la precuela del entramado legal forzado por Estados Unidos para arrebatar Citgo a Venezuela tiene un punto relevante en 2018, con la demanda de la corporación Crystallex en la Corte de Delaware a cargo del juez Leonard Stark, para cobrar un litigio mediante la apropiación de los activos de la filial venezolana.
“Cabe destacar que el gran lobbista en este thriller saqueador es el abogado José Ignacio Hernández, pseudoprocurador del “proyecto Guaidó”, quien fungió como abogado de Crystallex”, dice Misión Verdad. “En 2020 el juez Stark determinó que Crystallex puede cobrar bajo remate su viejo reclamo con la venta”.
Para 2021 el esquema de Cristalex sirvió para que miembros del “proyecto Guaidó” llegaran a un acuerdo con ConocoPhillips y así pagarle a la petrolera 1 mil 287 millones de dólares con dinero del Estado venezolano. ConocoPhillips también es demandante de Citgo.
Este año Stark concedió a cuatro empresas, aparte de Crystallex y ConocPhillips (O-I Glass Inc, Huntington Ingalls Industries Inc, ACL1 Investments Ltd y Rusoro Mining Ltd) el derecho a embargar acciones de Citgo.
Todo induce a pensar que la filial, propiedad privada de Pdvsa será ilegalmente arrebatada, expropiada, por la nación que se ufana más defensora de la propiedad privada como valor supremo del libre mercado.
Hay el riesgo de que a Citgo se sumen las reservas de oro del Banco de Inglaterra; dinero retenido en Portugal, el avión de Embrasur y otros 145 activos por una suma de miles de millones de dólares hasta ahora no exactamente cuantificada.