El sacerdote jesuita Javier Giraldo.
El sacerdote Javier Giraldo explica que de la negociación con el ELN no se puede esperar lo mismo que la negociación con las FARC, habla de los paros de las AGC, también llamadas Clan del Golfo, y los retos que tiene el Gobierno de Gustavo Petro de cara a las negociaciones con mafiosos y bandas criminales.
Mirando a la mesa, con su acostumbrada chaqueta oscura, sin revelar ningún gesto, apenas una sonrisa tímida y momentánea que le aclara el rostro en la penumbra del salón,Javier Giraldo (1944), el sacerdote jesuita que ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos, desglosa con tranquilidad sus ideas sobre la paz en Colombia. Insiste como siempre en los “cambios estructurales” que necesita la sociedad colombiana para salir del conflicto, señalando la urgencia de intentar nuevas fórmulas de negociación. Lo contrario, asegura, es “el reciclaje” de la violencia.
La entrevista tiene lugar el miércoles 19 de abril en las oficinas del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), en Bogotá, poco después de que esa organización, a la que el sacerdote ha estado ligado desde su fundación, presentara un informe sobre violaciones a los derechos humanos en el segundo semestre de 2022, un periodo que coincide con el comienzo del mandato de Gustavo Petro como presidente.
Las Agc o Clan del Golfo acaban de hacer una demostración de fuerza con un paro en Bajo Cauca y marchas el 9 de abril en Urabá. ¿Tienen una base social como ellos sostienen?
Yo creo que sí tienen una base social. Por ejemplo, en San José de Apartadóhan cooptado la mayoría de juntas de acción comunal y muchos de sus líderes caminan con ellos. No sé cómo estuvieron las marchas del 9 de abril, pero me inclino a pensar que fueron exitosas porque tienen un dominio territorial muy grande. Lo han construido con el apoyo de la Fuerza Pública, al principio iban con el mismo uniforme patrullando por las veredas, Ejército y paramilitares, cocinaban juntos, planeaban las masacres juntos.
La presión de la comunidad internacional hizo que se transformaran esas relaciones, se camuflaron. Incluso quisieron eliminar el mismo nombre de paramilitares. Eso pasó en La Habana, no se podía mencionar a los paramilitares porque el Gobierno decía que “eso ya no existe, eso se acabó, lo que hay son bandas criminales”. Ha habido una política de camuflar el paramilitarismo. Por ejemplo, en San José de Apartadó, cuando los paramilitares convocan una asamblea en una vereda, que es algo continuo, la víspera la Brigada manda sus tropas a 10 kilómetros de distancia, porque cuando la comunidad denuncia que hubo una asamblea, que extorsionaron a la gente o le prohibieron cantidad de cosas, siempre el Estado responde que no tenía tropas en esa zona, las habían mandado lejos la víspera. El dominio de las Agc en Urabá es absoluto después de la desmovilización de las FARC, ellos son el Gobierno y lo grave es que tienen el respaldo del empresariado de Urabá, sobre todo los bananeros, de los alcaldes, de los concejales. Los procesos electorales los manejan ellos.
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Si tienen armas, ejercen control territorial, cuentan con base social y eventualmente muestran una plataforma con propuestas, ¿por qué no darles un estatus político?
Pero para otorgarles estatus político tendrían que ser de oposición. Ellos han elaborado un discurso como si fueran un grupo de oposición, pero fíjate la persecución a Otoniel, lo hicieron con una operación de siete años, Agamenón, en eso invirtieron miles y miles de millones de pesos, dizque persiguiendo a Otoniel. Todo mundo sabe que él Ejército sabía dónde estaba, la misma comunidad conoce la finca de él en la vereda Playa Larga, ahí tienen el centro de entrenamiento paramilitar. La población se reía de la Operación Agamenón, porque invertían millones y millones, y al final no fue propiamente una captura, sino una entrega. Eso muestra la connivencia del Estado con las Agc.
Pareciera que sí son oposición a este Gobierno, prueba de ello podría ser el paro en Bajo Cauca.
A este gobierno tal vez sí, porque es otro gobierno. Pero con los gobiernos anteriores de oposición no tenían nada.
El CINEP entregó su habitual informe con un panorama desolador de violaciones a los derechos humanos, ¿cuál es su balance del arranque del presidente Gustavo Petro?
En el proyecto dePaz Total, que es su bandera, hay una cosa que yo resalto: no se ha acogido a los esquemas tradicionales de negociaciones. Llevamos más de 40 años firmando acuerdos de paz y todos han fracasado por tres características. Primero, no se tocan las raíces de la violencia. Segundo, después de todos los acuerdos se llega al asesinato de los desmovilizados. Y tercero, hay un reciclaje de la violencia. Eso lleva a que siempre haya otros y otros y otros procesos de desmovilización, hay una frustración evidente. El último acuerdo de paz [de La Habana], que fue uno de los más largos, llegó a tocar cuatro puntos muy sensibles: tierra, participación política, drogas y víctimas. Se demoró un buen periodo de tiempo firmando unas soluciones que, a mi modo de ver, no eran soluciones, por ejemplo, el acuerdo sobre la tierra.
¿Por qué lo dice?
La raíz más profunda del conflicto armado en Colombia era el problema de la tierra. Me tocó ver como las FARC presentaron más de 100 propuestas de reforma agraria muy interesantes, se hacía mucho énfasis en las zonas de reserva campesina, que son tierras sustraídas al problema del mercado, parecidas a los resguardos indígenas donde la tierra no es mercancía, además destinadas a la producción de alimentos, que es una falla que tiene el país de tiempo atrás, se acabó la agricultura, la tierra se la han dado a las multinacionales extractivas y ahora importamos millones de toneladas de alimentos. Esa solución que propusieron las FARC no se acogió, durante siete meses discutieron eso y el Gobierno siempre decía no y no a todas las propuestas.
Finalmente, las FARC mismas renunciaron a insistir y mandaron todo al congelador, esa discusión no se retomó y se acogieron a la propuesta del Gobierno: crear un fondo de tierras con tres millones de hectáreas para repartir en 12 años, que tampoco se creó y no se cumplió. ¿A quiénes les iban a repartir si se hubieran conseguido? Uno creería que a las viudas y víctimas, pero conociendo estos grupos de víctimas uno sabe que no iban a regresar al campo, ni iban a usar esa tierra para vivir, sino para venderla. ¿A quién se la iban a vender? A los mismos que las expropiaron, a los que tienen con qué comprar, que son los terratenientes. ¿Qué reforma agraria es esa? No modifica en lo más mínimo los patrones de acumulación, al contrario, vuelve a reciclar lo mismo.
Eso es lo que Petro está impulsando: compras masivas de fincas a Fedegán, repartir tierras incautadas a los narcos e implementar la reforma rural. La ONU lo acaba de destacar…
Si, porque el Acuerdo de Paz no se cumplió. El gobierno de Santos no cumplió y el de Duque hizo trizas el Acuerdo. Petro se comprometió públicamente a cumplir. Él no ha modificado el Acuerdo, aunque ha dicho que se necesita una complementación. Yo estoy convencido que aunque se cumpla, no va a haber una reforma agraria.
Pablo Beltrán, negociador del ELN, sostiene que en Colombia no ha habido procesos de paz sino de desarme y la paz se entiende como “silenciar fusiles”. Asegura que ahora están embarcados en un proceso donde se hagan los cambios estructurales negados siempre, pero al Gobierno se le agota el tiempo. ¿Cómo ve ese proceso?
En vísperas de la ronda de negociaciones con ellos, El Espectador sacó un artículo mostrando que la negociación con ellos es muy distinta a las anteriores: no buscan curules, no buscan un partido político, tampoco negociar entrega de armas a cambio de promesas que no se cumplen. Un logro del proceso que empezó en Quito (con Juan Manuel Santos) fue pasar al primer punto de la agenda de darle participación a la sociedad. Ahí yo veo muy empantanado el proceso. El ELN aboga por darle voz a esos sectores no escuchados nunca ¿Cómo va a suceder eso? Es válido ese discurso desde un punto de vista ético, pero es muy difícil de lograr. Colombia es un país muy complicado geográficamente, los sectores excluidos son enormes y están dispersos, en periferias muy complicadas, incluso para acceder a ellos. Creo que hasta ahora no se ha logrado una metodología de participación, además hay otro obstáculo, esos sectores sociales han sido muy manipulados por las mafias politiqueras, hay que empezar por independizarlos de esas mafias.
Veo en el Gobierno, en los medios y en la sociedad que las expectativas del proceso con el ELN están calcadas en lo que fue la negociación con las FARC, se espera lo mismo: cuándo va a ser la hora cero de la entrega de armas, qué es lo que va a pedir el ELN. Pero eso no es.
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Hay críticas a la gestión del alto comisionado para la Paz. Lo acusan de voluntarista en sus acercamientos con grupos criminales. ¿Qué opina de la gestión de Danilo Rueda?
Danilo tenía un plan antes de que lo nombraran comisionado de paz: visitaba las cárceles para explorar a estos detenidos paramilitares o mafiosos, a ver cuál era su perspectiva y cómo se podía pensar una desmovilización de ellos. Creo que eso fue lo que vio Petro para nombrarlo como comisionado. Yo sé que ha tenido éxitos en algunos casos, por ejemplo con líderes paramilitares, ha logrado coordinarlos con exlíderes de la guerrilla para ayudarles a las víctimas. Conozco un caso en el Caquetá en el que exparas y exguerrilleros han hecho un trabajo muy interesante ayudando a descubrir donde hay restos de víctimas.
Hay que reconsiderar los procesos de paz, con el método que se traía todo fue fracasos durante 40 años, ahora hay que enfrentar muchos factores de violencia y poderes enormes. El proyecto de Paz Total amplía el panorama para que no se negocie con uno y con otro, como estructuras parciales, sino que busca que se enfrenten todos los factores de la violencia: los grupos armados, el problema de las drogas, el problema de la delincuencia organizada, que es enorme, porque no se ha querido enfrentar eso, sino que se ha cooptado. Las Agc, por ejemplo han tenido una cooptación de las Fuerzas Armadas, su poder se ha construido en esa cooptación con el establecimiento. Es muy difícil, pero si no se enfrenta todo eso, tampoco se hace nada por la paz. Volver a lo mismo es volver a fracasar.
El modelo que usted plantea aboga por transformaciones estructurales para lograr la paz, pero ¿cómo negociar con mafiosos? ¿Qué ofrecerles?
Evidentemente, eso es lo que Danilo ha logrado en todas esas conversaciones con ellos: ver qué es lo que están exigiendo. Hay cosas muy discutibles ahí, por ejemplo, que puedan conservar un porcentaje de los patrimonios que han construido criminalmente. Yo no veo nada fácil esta negociación, de lo que sí estoy convencido es que los modelos anteriores no han servido.
¿Cuáles serían esas líneas rojas en las negociaciones con narcotraficantes y las Agc? ¿Hasta dónde debe ceder el Gobierno?
Lo primero es que demuestren que se va a acabar su compromiso con el negocio de la droga. Esto de que conserven un porcentaje de sus bienes me parece muy discutible. Desgraciadamente en toda negociación hay que ceder, pero lo más importante es que demuestren que se acaba la organización. Hay un aspecto de los cambios más estructurales que el presidente Gustavo Petro no ha asumido, no sé si lo vaya a hacer. Es el problema de las armas y la dependencia de Estados Unidos. Él ha rasguñado a los militares, ha destituido algunos generales, pero ese problema es más de fondo: no ha abordado la doctrina militar, hay que deslegitimarla radicalmente y hacer otra doctrina militar. La resistencia en las Fuerzas Armadas es muy fuerte, hasta se habla de un golpe de Estado. Hay que transformar las estructuras militares, acabar con la dependencia del monitoreo de Estados Unidos en la seguridad del Estado y eliminar el porte de armas. Es un problema muy difícil, pero mientras se siga pensando que la solución de todo es a bala no llegamos jamás a ninguna paz.
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Otro es el problema de los medios. La información y el manejo de las conciencias lo hacen grandes medios, todos pertenecen a grandes conglomerados económicos, y a eso se le llama libertad de prensa. Yo creo que eso no es libertad de prensa. Desde el gobierno de Andrés Pastrana venimos haciendo unas propuestas de democratizar la información, lo ensayaron en Ecuador en tiempos del presidente Rafael Correa: asuntos como reorganizar el espectro electromagnético, hay que llegar a una democratización mucho más radical. A Petro lo van a tumbar los medios, uno oye Caracol, uno oye RCN o lee la revista Semana, y es el envenenamiento y la deslegitimación más radical de todos los detalles del Gobierno. Creo que a él lo van a tumbar los medios. Ese es otro campo muy difícil, que Petro no ha tocado y no sé si lo vaya a tocar algún día.
Lo noto más pesimista que nunca…
Es que el problema es gigantesco: cambiar este país que ha avanzado tanto en injusticia, en violencia, en corrupción es bien difícil.