INTERVENCIÓN DE PEDRO EUSSE, SECRETARIO GENERAL DE LA CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES DE VENEZUELA (CUTV) EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE LA FSM
Chipre, 3 y 4 de marzo del 2023
Compañeros y compañeras del Consejo Presidencial de nuestra Federación Sindical Mundial, reciban un cálido saludo clasista a nombre de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela y del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora.
En el presente momento se manifiestan de forma agresiva las pretensiones de las clases dominantes por destruir los derechos de las y los trabajadores(as) activos(as) y jubilados(as) y de someter a los pueblos para que no se levanten poniendo en peligro la existencia del orden burgués, cuya profunda descomposición amenaza la propia existencia de la vida sobre el planeta.
En Venezuela, la realidad de un capitalismo dependiente y un modelo de acumulación basado en el rentismo petrolero no fue superada en el período del proceso progresista bolivariano que se iniciara con el presidente Chávez y la Constituyente de 1999, con importantes avances en derechos sociales y laborales. Ahora, con el Gobierno del Presidente Maduro, se ha degradado a un proceso regresivo y reaccionario, aunque manipulando con una retórica pseudorrevolucionaria que no tiene ninguna correspondencia con las políticas públicas que se ejecutan, ni con la conducta y el estilo de vida de la alta burocracia estatal.
Ciertamente, nuestra nación ha sido vilmente agredida por las criminales medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, particularmente desde el 2017 cuando tales medidas ilegales fueron aplicadas contra la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA), produciendo un profundo daño a la economía nacional. Sin embargo, es necesario precisar que la crisis nacional, de carácter estructural, no se generó con las “sanciones” imperialistas, sino que está determinada por la dependencia y por las formas parasitarias de la apropiación burguesa de la renta minero-petrolera.
La industria petrolera venezolana y con ella toda la economía nacional, colapsó como resultado de su descapitalización al ser empleada como medio de enriquecimiento privado por diversas vías, luego las sanciones imperialistas terminaron de agravar al extremo la situación. La hipocresía y el cinismo de un gobierno que exige sacrificios al pueblo trabajador quedan en evidencia, cuando se ufana en informar que, pese a los menguados ingresos petroleros y a las dificultades económicas, canceló 109 mil millones de dólares por pago de deuda externa, desde el año 2013 hasta el 2017.
Pero, además, el Gobierno Nacional suministra divisas del Estado a la oligarquía y a las mafias corporativas con la excusa de supuestamente procurar estabilizar la moneda nacional que se devalúa diariamente, de tal modo el año pasado ofertó más de 5 mil millones de dólares al sector privado y en lo que va de este año sigue la misma tendencia.
Sin embargo, sostiene que no hay dinero para mejorar los salarios ni para la seguridad social ni para repotenciar las empresas estatales, que vienen siendo privatizadas secretamente.
En realidad, el gobierno del Presidente Maduro optó por políticas de corte neoliberal, con la finalidad de atraer y mantener inversiones privadas presentando como principal ventaja competitiva a una fuerza de trabajo con los peores salarios del continente y quizás del mundo; el salario mínimo en Venezuela, al igual que las pensiones, está por los 5 dólares mensuales, en medio de una incesante inflación que ha sido impulsada por la liberación de precios y de ganancias establecida en agosto del 2018, en el contexto de una dolarización de facto de la economía doméstica. En esas condiciones, nuestros jubilados(as) y pensionados(as) son sometidos(as) prácticamente a una política de exterminio, con una pensión miserable, sin acceso a alimentos adecuados, medicinas y atención médica.
Pero, además, bajo la justificación del bloqueo, se adelanta una salvaje desregulación laboral que ha llevado al desmontaje de las convenciones colectivas, de la libertad sindical y del derecho a huelga. Los patronos cometen fraudes a la ley del trabajo para realizar despidos masivos y desaplicar convenciones colectivas, con la complicidad abierta o encubierta de las autoridades. Acudir a las máximas instancias judiciales para anular decisiones que suprimen derechos laborales no sirve para nada, todos los poderes públicos se subordinan al Ejecutivo Nacional y a sus políticas neoliberales. En Venezuela no hay estado de derecho para la clase trabajadora.
Aunado a lo anterior, se acentúa el carácter antidemocrático y autoritario de la elite gobernante que en los últimos 10 años criminaliza con saña a trabajadores y trabajadoras que luchan por derechos o denuncian corrupción administrativa, estimándose en 133 las y los trabajadores(as) judicializados(as) injustamente, aunque es una cifra conservadora porque muchos casos no llegan a darse a conocer.
Toda esa situación, ha llevado a que desde el 9 de enero las maestras y maestros y profesores(as) de educación básica y media, sumando a trabajadores(as) universitarios(as) y de la salud, entre otros, hayan protagonizado multitudinarias manifestaciones en todo el territorio nacional, exigiendo salarios dignos a través de la firma de la convención colectiva de trabajo cuya negociación el gobierno ha paralizado con el aval de las direcciones sindicales desclasadas y patronales. También se han producido combativas y legítimas protestas de las y los trabajadores de la industria siderúrgica, del sector eléctrico y de empresas privadas, entre otros.
Hay que apuntar que las restricciones a la libertad sindical particularmente van dirigidas a impedir que se fortalezca en Venezuela el sindicalismo clasista; de tal modo, el Ministerio del Trabajo ha negado el registro a numerosos proyectos de sindicatos presentados o impulsados por la CUTV, mientras que recientemente fue legalizada una central sindical desclasada, afiliada a la CSA-CSI.
El proceso de contención y destrucción del salario se está desarrollando ahora en los espacios elitescos y excluyentes del dialogo tripartito promovido por la OIT, donde la representación de la patronal privada, con la complicidad de centrales sindicales pro-capitalistas, avanza en su propósito de desalarizar o bonificar las remuneraciones y de ese modo reducir costos y maximizar ganancias, reduciendo o eliminando las indemnizaciones por prestaciones sociales y otros conceptos legales. El Gobierno contribuye a ello impidiendo la participación en esos debates de las centrales sindicales que nos oponemos a tales pretensiones.
Ante toda esa situación, en la que el Gobierno pacta con la patronal privada y con las direcciones de una serie de partidos de derecha, para descargar sobre la clase trabajadora todo el peso de la crisis y de las sanciones imperialistas, nosotros hemos optado por impulsar una línea de amplia unidad de acción sindical de base, para luchar por conquistar salarios y pensiones indexadas a los precios de la canasta básica, por la recuperación de los derechos vulnerados, por libertad plena para las y los trabajadores(as) privados(as) de libertad y por la derrota del ajuste neoliberal y de las agresiones imperialistas, acumulando fuerzas hasta hacer posible una salida a la crisis en favor de la clase obrera y todo el pueblo trabajador de la ciudad y el campo.
¡Gobierne quien gobierne los derechos se defienden!
¡Viva el internacionalismo proletario! ¡Viva la FSM!