Foto: Referencial
Por: Edgardo Toro Carreño
El pasado miércoles 20 de mayo de 2020, el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) se reunió de manera extraordinaria —a petición de la Federación de Rusia— para evaluar la situación que se vivió en la República Bolivariana de Venezuela, después de que un grupo de mercenarios, reclutados, financiados y entrenados desde Colombia y Estados Unidos de América, pretendieran socavar la soberanía e institucionalidad venezolana, mediante la contratación de una empresa privada militar estadounidense, con la intención de atentar contra la vida del Presidente Constitucional Nicolás Maduro y demás miembros del Gobierno venezolano.
La ONU ha manifestado en varias resoluciones del Consejo de Seguridad, la Asamblea General, el Consejo de Derechos Humanos y diversos informes de sus respectivas agencias, que el uso de mercenarios destinados a promover cambios de régimen vulnera los principios del derecho internacional como la soberanía, la independencia, la integridad territorial, el derecho a la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en los asuntos internos.
La sesión del Consejo de Seguridad para abordar este delicado asunto vino a sumar una prueba más al expediente de agresión imperial multiforme promovida desde Washington y Bogotá contra la Revolución Bolivariana.
La iniciativa principal del Gobierno venezolano era que el Consejo de Seguridad de la ONU –de acuerdo a su mandato de promover la paz y la seguridad internacionales– condenara de manera firme e inequívoca el acto mercenario ocurrido en Venezuela el pasado 3 de mayo.
Así mismo, la sesión extraordinaria sirvió para ratificar ante la comunidad internacional que Venezuela no está sola. Que existen muchos países que apoyan el derecho internacional y que jamás se sumarían a aventuras bélicas y menos con el uso de mercenarios, que pongan en riesgo la estabilidad política, económica y social de la región y del mundo.
Venezuela igualmente demostró dignidad y fortaleza ante los miembros permanentes y observadores del Consejo de Seguridad de la ONU: un país asediado e ilegalmente bloqueado pudo contrarrestar y detener una agresión militar extranjera, promovida por una de las más grandes potencias militares y un país vecino, con el cual tenemos más de dos mil kilómetros de frontera, y que adolece de una narcopolítica apoyada por el Estado.
La sesión sirvió también para dejar un nuevo precedente en el órgano de cómo un país miembro permanente del Consejo de Seguridad vulnera de manera reiterada y flagrante los principios del derecho internacional establecidos en la Carta de Naciones Unidas, utilizando a su antojo el derecho a veto que detenta por su cualidad de membresía, para frenar toda iniciativa que llame a la paz, el entendimiento y la reconciliación entre estados.
LA RAZÓN Y EL DERECHO
Un punto a favor para Venezuela ha sido que el mundo haya observado en la ONU, por un lado, la participación mayoritaria de países del Sur llamando a respetar el derecho internacional y humanitario, y, por otro lado, la arrogancia imperial de un gobierno racista y supremacista, lo que conlleva de manera inmediata al resto del mundo a reflexionar sobre la conducta errónea del uso o la amenaza del uso de la fuerza para promover cambios de régimen en cualquier región del mundo. Más temprano que tarde se sumarán al clamor internacional del fin de las amenazas o el uso de la guerra con motivos políticos.
Igualmente, la idea de que foros multilaterales como el Movimiento de Países No Alineados y la ONU aborden la agresión de los Estados Unidos de América a Venezuela, o cualquier otro tipo de agresiones, es que gobiernos soberanos se sumen a la demanda del respeto del derecho internacional y a la promoción del diálogo y la cooperación como pilares fundamentales para la solución de controversias.
Al acudir al Consejo de Seguridad a denunciar la agresión imperial, el Gobierno Bolivariano continúa sumando pruebas y alimentando la denuncia formal que se elevó ante la Corte Penal Internacional sobre el impacto criminal y negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos del pueblo venezolano.
Resulta paradójico que en medio de una pandemia brutal que demanda la cooperación y solidaridad internacional para abordar de manera eficiente su eliminación, Venezuela se encuentre batallando contra una amenaza cierta y latente de invasión militar por parte de Estados Unidos que, por sus efectos genocidas, equivale un crimen de lesa humanidad.
BASTA DE MERCENARIOS
La sesión del Consejo de Seguridad de la ONU sirvió también para denunciar ante la comunidad internacional el uso de mercenarios, financiados y entrenados por gobiernos con el objetivo de desestabilizar democracias y así promover cambios de régimen.
Se recordó todo lo que se vivió en la invasión a Irak, a Libia y a Siria, donde la contratación a empresas privadas militares y de seguridad tuvieron y han tenido un protagonismo criminal en las actividades que han desempeñado.
Resultó sumamente oportuno para reiterar al Consejo de Seguridad su mandato de promover la paz y la seguridad internacionales, y, en ese sentido, solicitarle que inste a los gobiernos de Estados Unidos y Colombia que cesen la criminal agresión y la política belicista contra Venezuela.
Se recordó que una omisión del Consejo de Seguridad de la ONU ante esta grave situación, puede alentar a los promotores de la violencia en Venezuela a continuar con su política de asedio.
Hoy más que nunca, resulta necesario promover e impulsar un documento jurídicamente vinculante sobre el uso de estas empresas privadas militares y de seguridad, con el objetivo de que pueda abarcar las lagunas extraterritoriales existentes sobre la rendición de cuentas en el país donde operan y ante la comunidad internacional por sus actividades delictivas, ya que vulneran el ordenamiento jurídico nacional e internacional donde operan.
Como diría el Presidente Nicolás Maduro “En los organismos mundiales, Venezuela está brillando. El verdadero y único Gobierno de Venezuela que es el Gobierno Bolivariano que presido”.