COLOMBIANOS;
El Acuerdo de Paz de La Habana, además de poner fin al enfrentamiento armado interno que se prolongó por más de medio siglo, busca alcanzar la reconciliación de los colombianos y colombianas, sin la cual es impensable una paz estable y duradera.
Dicha reconciliación, sólo es posible, entre otros aspectos, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición.
En ese camino y con la aprobación del Acto Legislativo 001 de 2017, que dio vida al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJR) y su complemento, en la muy detallada Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el camino para poner en pleno funcionamiento la justicia transicional, apenas requería de un manual procedimental, que sin mayores traumatismos fuera tramitado y aprobado en el congreso.
Sin embargo, ello no ha sido así, pues las élites que históricamente se han cubierto de impunidad e hicieron de la guerra un inmenso negocio de corrupción y usurpación de tierras, aprovecharon la tardía y caótica tramitación de las Normas de Procedimiento de la JEP, para dejar sin efecto los pilares básicos del Acuerdo de Paz.
Tan retrógrado proceder fue posible, entre otras razones, por la falta de decisión y voluntad política del Gobierno saliente, para utilizar todos los mecanismos constitucionales a su disposición, a fin de proteger el Acuerdo de Paz y garantizar el cumplimiento de lo acordado por las partes.
LA JEP a su paso por el Congreso de la República, fue maliciosamente transformada de modelo de justicia transicional, positivamente ponderado por la comunidad internacional y la doctrina jurídica especializada, en una colcha de retazos que, entre otros aspectos, excluye y otorga privilegios a algunos intervinientes en el conflicto e impide la práctica de pruebas, permitiendo así la burla al derecho de las víctimas a saber y conocer la verdad plena de lo ocurrido durante el conflicto.
Así el asunto, el novedoso y esperanzador sistema de justicia transicional, que fue diseñado para conocer la verdad plena, garantizar la justicia y asegurar la reparación de forma expedita y eficaz para todos los actores y víctimas del conflicto, tristemente quedó convertido en un mecanismo de guerra jurídica, dirigido exclusivamente contra la antigua insurgencia de las FARC.
Con la actuación politiquera, corrupta y oportunista de las “nuevas†mayorías en el congreso y las vacilaciones y saboteos desde el seno del propio gobierno, La JEP perdió las herramientas que garantizaban su papel, como mecanismo de justicia transicional y derivó en un sistema vengativo, de prolongado escarnio mediático exclusivo para los ex insurgentes.
Lo aprobado por el congreso sobre la JEP es un fraude al país, a las víctimas, a la comunidad internacional y a quienes dejamos las armas, como producto del Acuerdo, para hacer política acatando plenamente el actual marco constitucional.
Así es percibido de manera clara, por la comunidad internacional, en especial La ONU, el Consejo de Seguridad, la Comunidad Europea, los países garantes y la inmensa mayoría de países del continente.
A su vez, el anuncio de quienes anhelan revivir la guerra y el conflicto, anunciando que buscarán acabar con la participación política de los antiguos ex combatientes, borrando las garantías de no extradición por acusaciones fraudulentas, tal y como está previsto en el art. 19 constitucional transitorio del Acto Legislativo 1 del 2017, amén de excluir a los agentes de la fuerza pública de la competencia de las salas de la JEP y el establecimiento de impedimentos para la investigación de delitos que se realizaron como parte de planes criminales sistemáticos; así, como para la investigación de otros agentes del Estado, a lo que agregan sus propuestas de limitación de curules para las víctimas, reemplazándolas y entregándoselas a los miembros de la fuerza pública, además de la exclusión de la población LGTBI de la Jurisdicción Especial de Paz, desconociéndoles como víctimas del conflicto y sujetos de derecho, buscan convertir la JUSTICIA PARA LA PAZ, construida tras largos años de delicadas conversaciones en La Habana, en un texto irreconocible, que no tiene opción alguna de garantizar la paz y la reconciliación.
La utilización de la Fuerza Pública como excusa para tapar las responsabilidades de civiles y políticos, que dieron las órdenes para cometer graves delitos, -desapariciones forzadas masivas, desplazamiento violento y usurpación de tierras, falsos positivos, etc-, abre de par en par la puerta para la intervención jurídica de la comunidad internacional, a través de la Corte Penal Internacional y el ejercicio de la jurisdicción universal.
Estas propuestas y éstas decisiones de los defensores de la guerra y el conflicto, constituye un acto más de perfidia que profundizará la división y la desconfianza entre los colombianos, testigos del desmantelamiento de un Acuerdo de Paz que ya arrastraba una implementación fallida en reforma rural y política, en el combate al paramilitarismo, y la reincorporación de ex guerrilleros,
Lo que ha ocurrido es un nuevo paso para la legitimación de la violencia de las élites y el retorno hacia un Estado fallido, que no respeta la palabra empeñada.
Vehementemente invitamos a todos los colombianos y colombianas, que se pronunciaron a favor de la paz en las últimas elecciones, a aquellos que decidieron abstenerse por no sentirse representados en ninguna opción política, a las organizaciones sociales y de víctimas, a la comunidad internacional, a defender lo pactado, a acompañar a la nueva bancada por la paz en su trabajo por impedir que se vuelva trizas el acuerdo de paz, con la excusa de que es “mejorableâ€.
Todos los Acuerdos de Paz son mejorables, pero en un Estado de Derecho los acuerdos se cumplen, (PACTAS SUNT SERVANDAS), sin permitir que los voceros de quienes fueron incapaces de construir la paz durante 50 años, vengan a engañarnos con el anuncio de que ellos, habrían alcanzado un mejor acuerdo. Máxime cuando teniendo la oportunidad de hacerlo, nunca se esforzaron por conseguirlo
Señor Presidente Juan Manuel Santos y magistrados de la Corte Constitucional, los excombatientes de las FARC, que combatimos sin tregua al Estado Colombiano, ahora solicitamos a ustedes que se respete plenamente la Constitución Vigente, en particular, los actos legislativos del 2017 por su vocación para consolidar la paz, y por ser la expresión genuina del contenido del Acuerdo de Paz firmado.
CONSEJO POLÍTICO NACIONAL, FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DE COLOMBIA, FARC.
Junio 28 de 2018.