La captura de Jesús Santrich, acusado de narcotráfico después de la firma de la paz y pedido en extradición por Estados Unidos, tiene en jaque el Acuerdo de La Habana. Y desde La Picota, donde se encuentra recluido y adelanta una huelga de hambre que ya comienza a hacer estragos en su salud, el jefe guerrillero contestó un cuestionario enviado por El Espectador. En sus respuestas insiste en su inocencia diciendo que todo es un montaje, arremete contra el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, habla de traición a lo pactado y asegura que su batalla es de patria o muerte y que nunca ha pensado en someterse ni a la justicia ordinaria colombiana ni a la estadounidense.
Usted dice que las acusaciones en su contra son un montaje judicial contra la FARC, ¿Qué intereses y quiénes cree que podrían estar detrás de esto?
Son muchos los enemigos de la paz, no sólo fuera de la institucionalidad, sino también dentro de ella. El interés es el fracaso del proceso. No cumplir con compromisos de tanto significado, como el de la reforma rural integral o el de la reforma política, por ejemplo, y en eso hay implicados grandes terratenientes y grupos de poder claramente identificables en partidos políticos como el Centro Democrático, el llamado uribismo en general y el mismo Cambio Radical. Una figura insigne en la obstrucción apátrida de los acuerdos es el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, que se suma a las voces de odio y venganza que muchos tienen contra la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Este es el fiscal que puso talanqueras para desfigurar la JEP, que obstaculizó la puesta en marcha de la unidad de investigación y desmonte del paramilitarismo y que, entre muchas otras cosas, se ha impuesto la tarea de buscar a cualquier costa la judicialización de los integrantes de la FARC. Entretanto, en su despacho permanecen alrededor de 15.000 compulsas de copias referidas al fenómeno paramilitar, que no tienen doliente. Los financiadores del paramilitarismo parecen ser vacas sagradas en este país, Álvaro Uribe Vélez incluido, además como organizador y perpetrador de masacres como la de El Aro.
Sin embargo, el Gobierno ha dicho que la orden de captura se produjo en una corte del Distrito Sur del Estado de Nueva York, luego de una investigación de la DEA, a través de la Interpol, y que acá soló se atendió por cooperación…
Lo que primó fue un interés irrefrenable del fiscal por actuar contra mí. Yo había denunciado hace muchos meses, quizás más de un año, la decisión que tenía de montarme cualquier tipo de proceso que me colocara en manos de la justicia ordinaria y es lo que está ocurriendo. Yo no tengo procesos en Colombia sobre esta materia, ni hubo solicitud formal de extradición en el momento de mi captura, lo cual tenía que pasar por los canales de la JEP, y no primero por las manos del fiscal. Pero este es un asunto de abogados y la lucha que ahora llevo desde el 9 de abril es esencialmente política y no judicial, pues frente a este tipo de montajes generalmente es muy poco lo que se puede hacer, porque además de la tramoya de la Fiscalía, está el poder omnímodo de la embajada estadounidense en Colombia, que es la que verdaderamente rige las determinaciones de este Estado intervenido y subordinado.
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Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, viajó a Estados Unidos para ser testigo protegido y aportar más información que lo involucraría a usted. ¿Cuál es su relación con él?
No tengo mayor información y seguramente, ya en esa calidad extraña que le otorguen, tomará el rumbo que le marquen quienes lo protegen, y se hace con todos los elementos y efectos especiales de una película de Hollywood. Pero lo cierto es que mi relación con Marlon Marín se da por el impulso que supuestamente venía él haciendo de los proyectos productivos, al lado del doctor Carlos Simancas, desde el Ministerio del Postconflicto. Con esa categoría me presentó gente, con la idea de financiar granjas “econativas†en el país, considerando que yo soy integrante de la Comisión de Seguimiento e Impulso a los acuerdos, la llamada Csivi. Al final nunca se concretó nada, solo promesas.
Pero el fiscal Martínez, en alocución con el presidente Juan Manuel Santos, dijo que había evidencia concluyente en su caso…
El espacio donde debe presentarla y donde se puede contextualizar y rebatir es en el de la JEP, que es donde debió comenzar cualquier tipo de proceso. Aquí, de momento, lo que se da es un manejo mediático, irresponsable, que caracteriza al señor Martínez, el del prejuzgamiento y la condena anticipada.
Usted mismo aceptó haber tenido contacto con el capo Rafael Caro Quintero, pero dijo que lo creyó un empresario. ¿Quién se lo presentó? ¿De qué hablaron?
No lo conozco más que por el nombre y un saludo telefónico hecho por solicitud de Marlon Marín para agradecerle, como empresario, su interés por la paz en Colombia. Quienes vinieron a hablar conmigo en dos oportunidades, de manera breve, fueron sus representantes, los cuales, debo decir, pasaron por el control policial que siempre ha habido donde habito, que es además el lugar donde atiendo casi la totalidad de mis reuniones. Estos contactos que narro fueron hechos con la plena conciencia de que el interlocutor era un empresario interesado en proyectos productivos, jamás se dijo una palabra por fuera de este contexto. Ahora, según las últimas noticias, vaya uno a saber si estas personas realmente existían o fueron parte de la puesta en escena.
Resulta difícil de creer que uno de los “narcos†más buscados de México haya entrado en contacto con usted haciéndose pasar por empresario… ¿Qué buscaba acaso? ¿Qué podía ganar en Colombia con los proyectos productivos del posconflicto?
A nadie conozco como capo, no tengo esa información, y si a mí me resultó creíble que el Gobierno quiso hacer un acuerdo de paz, no me pareció increíble que otra gente en el orbe quisiera apoyarlo, como en efecto se ha visto durante el curso de la implementación. Lo que sí me parece extraño es que, si esta gente son “narcos†reconocidos, ¿por qué no se les detuvo en el control policial? No tengo yo, ni ningún colombiano del común, manera de verificar los antecedentes de nuestros interlocutores; no tengo idea de quién puede ser un mafioso en Colombia, mucho menos en el extranjero. Vale señalar que ni estas propuestas ni ninguna otra presentada por empresario alguno comprometen transacciones económicas con la FARC o alguno de sus integrantes, pues carecemos de recursos para desarrollar iniciativas, por pequeñas que sean.
Lo mismo dijo sobre los mexicanos que integrarían el cartel de Sinaloa y hablaron con usted. ¿No había un proceso de “inteligencia†para saber con quién se reunía?
Francamente no. Parte uno de la buena fe de las personas y del hecho de que Marlon Marín estaba actuando en el asunto de proyectos productivos, ya por cuenta propia o en relación con el Gobierno, y también de la idea de que respecto a los integrantes de la FARC el control policial es suficiente y efectivo. Más considerando que en los lugares donde he residido en Bogotá nunca ha habido espacios restringidos para los funcionarios de la policía.
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¿Cómo entender la imagen donde se le ve a usted recibiendo el billete que, dice la DEA, era una especie de santo y seña para garantizar el éxito del negocio?
Es un asunto que todavía no me han descrito los abogados, habría que analizar las circunstancias y qué es lo que se recibió. Generalmente, si alguien me entrega algo, yo lo recibo y lo entrego a quien me acompaña, porque no lo puedo ver. En todo caso, en mi casa nunca nadie me habló de negocios de droga ni me entregó dineros por ningún concepto, ni se escuchó de mi boca que yo entregaría o recibiría cosas relacionadas con esto. En mi casa, ni en ningún lado. No manejo el mundo de la mafia y hasta ahora me entero de que existe lo que el fiscal ha dado en llamar “el toqueâ€. De pronto él sí tiene ese tipo de experiencias, digo, en su condición de fiscal, ¿no?
Se ha dicho que su captura ha puesto el proceso de paz en una enorme crisis y que este momento es una prueba de fuego, ¿lo considera así?
Hace mucho tiempo el proceso está en crisis, de confianza y de credibilidad, pues desde que comenzó la implementación se convirtió esta en una renegociación, pisoteando desde el conjunto de la institucionalidad principios como el de pacta sunt servanda y el de buena fe. De ahí para acá, todo derivó en inseguridad jurídica, personal y socioeconómica para las personas en proceso de reincorporación, aparte de la desfinanciación de los planes y programas del Acuerdo. Para mí, y ya lo he dicho antes, nos adentramos ya en el terreno de la perfidia estatal y estamos frente al precipicio de un acuerdo fallido. He dicho que lo que nos viene a los integrantes de la FARC, aparte de los asesinatos, que ya suman más de 40 excombatientes y más de 200 dirigentes comunitarios, es la persecución judicial más pertinaz que nos podamos imaginar, la obstrucción política agudizada y la estigmatización desaforada, que nos coloque como parias de la tierra. Esa es la paz que por el momento tenemos. La paz de la traición a la reforma rural, que se evidencia en el proyecto de ley de tierras que presentó el Gobierno a consulta previa y que destruye la Ley 160 de 1994 y les sigue dando rienda suelta a los grandes empresarios y latifundistas, segregando, como siempre, a las comunidades rurales; la traición a la reforma política y su naufragio en el Congreso; el fracaso del proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito; la traición de la reforma a la Ley de Víctimas, aparte de la traición misma al proceso de reincorporación.
¿Cuál cree que puede ser el efecto político de su captura en las bases de la exguerrilla?
Es un factor más que se suma al efecto de todos los incumplimientos que se han acumulado y que han roto la confianza y hasta la fe en lo que firmamos. Por mi parte, he advertido a mis compañeros que hace rato hemos sido burlados. Nada va cambiando que no sea para desmejorar y violentar los compromisos. Cada quien debe analizar y tomar sus conclusiones, para colectivamente comenzar a trazar un rumbo que no nos conduzca a la derrota. De tal manera que la prueba de fuego no es mi captura, sino la debacle en la que se encuentra el cumplimiento del Acuerdo por parte no del Gobierno, sino del conjunto del Estado. Valga recordar que este no era un compromiso de Santos sino un compromiso de Estado.
Está claro que su caso deberá ser analizado por la JEP para verificar si es cierta la información que se maneja desde Estados Unidos. ¿Qué pasa si todo se comprueba y se confirma que hubo delitos luego de la firma de la paz?
La JEP debió ser el conducto de arranque, pero no, lo que hay es que se mantiene la actuación ilegal del fiscal. Y aunque esta no es la JEP que pactamos, logramos que sea una instancia que está por mostrar su probidad, que espero no sea la del nefasto exsecretario Correa. En todo caso, cuando uno lee la respuesta del Tribunal de Bogotá que atendió la solicitud de habeas corpus, observa que puede más el peso de las presiones de los poderes establecidos, con la Fiscalía incluida. Pareciera que nadie se atreve a contrariar a Martínez, y menos una exigencia de sus jefes de la embajada de Estados Unidos. Aspiremos a que la JEP supere estos demonios. Por mi parte, tengo mi conciencia tranquila, confío en la credibilidad de mis compañeros de lucha y de quienes me conocen, más allá de las formas que le vayan dando a esta trama de infamias y mentiras, pues un montaje es un montaje. Por eso tengo bien presente lo que ocurrió con “Simón Trinidadâ€: ni su defensa magnífica ni el proceso de paz sirvieron para liberarlo. Ahí pueden ustedes ver la clase de gente a la que nos enfrentamos.
Y si se aprueba su extradición, ¿está preparándose desde ya para un juicio en Nueva York?
Doy salida a las preguntas que restan y lo hago de manera sencilla. Habiendo previsto, como preví y advertí sobre este tipo de acontecimientos, pienso que no seré el único contra quien se actuará, porque el objetivo es darle a la FARC una estocada de muerte. Por eso he dicho que desde el 9 de abril inicié mi última batalla, declarando una huelga de hambre que va fundamentalmente por el ya casi imposible cumplimiento de los acuerdos, por la liberación de más de 600 compañeros que continúan detenidos luego de más de un año de la puesta en marcha de la Ley de Amnistía, por que les cumplan a las víctimas y por que se acabe definitivamente con el chantaje de la extradición, que es como decir que se restablezca la soberanía nacional. En esos términos, nunca he pensado ni pensaré en someterme ni a la venal y corrupta justicia ordinaria, ni mucho menos a una corte yanqui. Esto no va a ser posible jamás, óigase bien, jamás. Mi batalla es de patria o muerte y es una batalla de gratitud a la vida que a lo que más aspira es a poner en alto la dignidad. Tengo mi frente en alto, tengo mi conciencia limpia, tengo mi moral, mi espíritu y voluntad llegando hasta el mismísimo techo del cielo. Solo es de cobardes rendirse y traicionar. Cuando las dificultades arrecian, los verdaderos revolucionarios luchan hasta la muerte.