La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) recientemente realizó una operación de fiscalización en 26 cadenas de supermercados a nivel nacional, encontrándose con remarcaje de precios y acaparamiento. El superintendente William Contreras señaló que los productos que encontraron a precio nuevo no fueron recibidos recientemente sino que estaban ya en inventario.
La medida tomada no fue punitiva, no se incautó la mercancía, no hay acciones judiciales y no se reportaron directivos ni trabajadores detenidos. La Sundde simplemente hizo cumplir una norma que raya en el sentido común: en cadenas de supermercados con ritmos de reposición de inventario tan rápidos no deberían en ningún caso remarcar mercancías que recibieron hace apenas tres semanas atrás, y seguramente ya habría vendido por completo de no ser por la especulación con los precios.
Las reacciones en defensa de las cadenas de supermercados por parte de los dirigentes opositores y organizaciones aledañas no faltaron. Sin duda la más enfática fue la de María Corina Machado, quien desde Twitter calificó de “saqueo criminal” una simple fiscalización, además de decir que se estaba atacando a la iniciativa privada y que la fiscalización iba a tener como consecuencia anaqueles vacíos y hambre para los próximos días. Un claro llamado a la zozobra.
El Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad “CEDICE Libertad” acompañó las declaraciones de Machado, en este caso con un comunicado de su “Observatorio de Derechos de Propiedad” donde aprovechan para lucir su típico discurso neoliberal a lo Milton Friedman tomando la acción de la Sundde como una “orden arbitraria de bajar los precios”, y en definitiva como otro desacierto del Gobierno.
También Juan Pablo Guanipa y Carlos Paparoni hicieron su parte como cámara de resonancia de unos supuestos saqueos reportados en redes sociales, donde lo único que se muestra son grupos de gente tomando productos que luego procedían a pagar, y uno que otro pote de mayonesa roto en el piso, o sea, un día normal en cualquier local de esos, pero con una afluencia mayor de personas.
Surgen algunas preguntas
¿Cómo es que el que baja los precios de la comida “mata de hambre al pueblo” y no aquel que los sube?
Si el Gobierno nacional está ahogando la iniciativa privada, ¿cómo se justifica que varias de las cadenas de supermercados fiscalizadas han inaugurado nuevos y gigantescos locales en los últimos dos años en diferentes estados del país?
¿Cómo se duplican los precios en un mes donde no se han hecho aumentos de sueldos, y cuando se anuncia algún beneficio laboral o un bono nacional se duplican otra vez?
¿La reposición del inventario está en riesgo realmente si se respetan los precios acordados con los mismos productores?
El verdadero saqueo criminal
Un día la consigna es que el Gobierno no hace nada por evitar la especulación desenfrenada y al siguiente es que el control de precios sólo empeora la especulación, que el Gobierno es omnipotente, omnipresente y nada se le escapa.
Ahora el supuesto problema es que la Sundde está “estrangulando” a las cadenas de distribución obligándolos a cumplir precios que fueron acordados con su participación hace apenas un mes. Además, tanto en las declaraciones de Machado como las de CEDICE, se habla de un aparato de distribución que hace esfuerzos heroicos por mantenerse trabajando, una visión romántica del especulador que raya en el síndrome de Estocolmo, síndrome que quieren inducir en la población en general y que ya tiene su espacio ganado entre el ala más radical de la feligresía opositora. Cuida al especulador, él hace milagros manteniendo el supermercado abierto a pérdida para venderte aunque sea ese paquete de azúcar por el valor de diez días de tu trabajo, todo mientras abre dos sedes más para expandir su obra misionera.
La suba indiscriminada de precios data desde los años de Hugo Chávez en la presidencia
El “saqueo criminal” del que hablan los dirigentes opositores sucede a diario, todos los días se saquea el sueldo de las personas y son las cadenas de supermercados las fachadas ejecutantes del mismo con sus “medidas arbitrarias” remarcando precios. Hay una guerra incesante contra las posibilidades del asalariado, que en un país con tan bajo desempleo como Venezuela se traduce en una guerra contra todos. Exacerbar la ansiedad, la desmovilización política y el envilecimiento de la población son el principal objetivo. El estómago es el medio.
Un poco de matemáticas
La tesis de que los aumentos de sueldo causan alzas de precios porque ahora los empleadores deben pagar más dinero en nóminas es totalmente imprecisa y desproporcionada, así como aquella contradicción en decir que fiscalizar el precio en los supermercados tiene como fin someter a la ciudadanía a través del hambre.
Si un supermercado tiene 4 mil empleados y cada uno gana 797 mil 510 bolívares al mes, quiere decir que gasta 3 mil 190 millones 40 mil bolívares, léase tres mil ciento noventa millones cuarenta mil bolívares. Si hoy Maduro ordena otro aumento del 40%, eso significa que dicho supermercado necesita 1 mil 276 millones 16 mil bolívares adicionales para cubrir los gastos de su nómina.
Lo normal en cualquier empresa que no está inmiscuida en la guerra económica sería que ese valor se distribuya entre el inventario total de productos que se mueven mensualmente, de manera que sí aumentaría el valor de cada producto, pero jamás en un 40% por unidad, porque probablemente esos 1 mil 276 millones 16 mil bolívares no representan ni el 2% del valor del inventario total de esa empresa que necesita 4 mil empleados para funcionar.
La única manera de que los precios aumenten un 40% sería que el valor total de la nómina con el aumento llegue a igualar el valor del inventario que se mueve en ese mismo periodo laboral, dejándolos en números rojos con los otros costos operativos e impuestos, y esto nunca va a suceder en Venezuela en una empresa tan grande como una cadena de supermercados.
Costumbre rentista en Venezuela
La economía venezolana vive del rentismo petrolero, eso quiere decir que la mayoría de los recursos no provienen del trabajo sino de la extracción y la venta de crudo. Esta condición genera algunas distorsiones: como el petróleo es tan valioso y su extracción es relativamente sencilla, circula dentro de la economía una riqueza que nadie produjo, que salió del suelo. Al haber tanto valor circulante, es común que los comerciantes quieran captarlo lo más rápido y eficientemente posible.
Desde que el petróleo es petróleo, en Venezuela las cadenas de comercialización no han cesado de subir los precios y hasta se ha convertido en un rasgo cultural contarle a los más jóvenes sobre los precios de hace una década. La guerra económica en Venezuela no comenzó en 2013 con la elección de Nicolás Maduro como presidente; ésta ya estaba en gestación años atrás en nuestro país, por ejemplo, cuando un aumento de sueldo era decretado por el presidente Hugo Chávez, donde los comercios no tardaban en trasladar el mismo porcentaje de aumento y hasta más a sus mercancías.
Fiscalizar los precios no es la panacea, pero en medio de un escenario de guerra total las acciones del Gobierno para proteger a la población siempre brindan un respiro al asalariado, a su tranquilidad y a la resolución inmediata de algunos de sus problemas.
Para el largo aliento tocará participar en la construcción del nuevo Plan de la Patria, en la creación de una economía que supere el modelo rentista petrolero que, por diseño y no por decreto, deje fuera la posibilidad de la especulación y la usura de manera tan criminal como la que se ejerce en Venezuela por parte de agentes privados.