Las sanciones económicas solicitadas a la Administración Trump por parte de Julio Borges, líder de Primero Justicia y presidente de la Asamblea Nacional en desacato, han impactado a la ya asediada economía venezolana. Además de afectar la cotidianidad de la población los efectos también se evidencian en las dificultades que experimentan los empresarios venezolanos.
El mito de que las sanciones no afectan la economía del país
Aun cuando funcionarios gringos declaraban que las sanciones anunciadas por la Casa Blanca eran solo contra funcionarios del Estado venezolano, y no contra el pueblo, las medidas contra funcionarios se combinaban con bloqueos a las importaciones y exportaciones venezolanas y la manipulación del indicador de riesgo país llevada a cabo por la “trinidad” de las calificadoras (S&P, Moody’s y Fitch), las cuales han venido colocando las condiciones de inversión en Venezuela por debajo de países en guerra como Siria o en declarados en default como Grecia.
Dicha campaña ha sido continua durante el 2017, se han sumado a ella los principales medios corporativos como BBC estableciendo una narrativa de default o cesación de pagos generalizada sobre una deuda externa venezolana y, para ello, creando zozobra mediática respecto a la capacidad del gobierno de honrar los pagos.
En mayo una portavoz del Departamento de Estado publicó un video en el que explicaba los motivos por los cuales el gobierno de Donald Trump sancionó a ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). A través de la cuenta oficial en twitter del Departamento, Barraza declaró que “estas sanciones no están dirigidas hacia la economía o el pueblo de Venezuela, sino contra esos ocho jueces que han sido parte de las decisiones jurídicas que usurparon los poderes de la Asamblea Nacional”.
Al respecto, el asesor de seguridad nacional HR McMaster, con quien Borges se había reunido meses antes, comentó que con dicho anuncio Trump “mantiene su promesa de una acción fuerte y continúa mostrando un liderazgo fuerte”.
Así las sanciones evitarían una repetición de un acuerdo de bonos por 2.800 millones de dólares con Goldman Sachs alcanzado a principios de este año y el creciente aislamiento internacional excluiría a Venezuela de los mercados de deuda y los inversores lo consideran un riesgo demasiado grande, así lo expresaron medios corporativos internacionales como el Washington Post.
La situación se intensificó en agosto cuando EEUU impuso una prohibición a las operaciones con bonos venezolanos, medida que incluye trámites con ciertos bonos ya existentes propiedad del sector público venezolano así como los pagos de dividendos al gobierno de Venezuela. Los bancos tampoco pueden participar en nuevos préstamos con el gobierno o Pdvsa mientras CITGO, compañía de hidrocarburos con sede en EEUU que es propiedad del gobierno venezolano, tiene prohibido enviar dividendos o ganancias a Venezuela.
Empresariado bajo ataque
En octubre pasado el Consejo Bolivariano de Industriales, Empresarios, Microempresarios y el Sector Comercio (Coboiem) anunció que solicitaría a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Mercado Común del Sur (Mercosur), el cese del bloqueo económico ordenado por Trump contra Venezuela. Asimismo calificaron el bloqueo como una coacción de comercialización a la nación, ya que impide adquirir la materia prima necesaria para la producción nacional.
Una Encuesta de Actualidad Económica realizada por la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), uno de los principales organizaciones empresariales del país, mostró que 27% de los consultados (1.018 empresas) pueden garantizar su operatividad en menos de un año. Esto significa que podrían cerrar en 2018 debido a que las sanciones han impedido la adjudicación de divisas a tasa oficial para la compra de materia prima, insumos, maquinaria y repuestos. Las materias primas nacionales se han visto también afectadas debido a que ha disminuido la capacidad instalada por problemas de equipamiento, entre otros que dependen de divisas como el dólar.