Congreso de EEUU pide al Pentágono alistarse para intervenir en Venezuela

A lo interno de los Estados Unidos se siguen preparando los elementos que necesita el Partido de la Guerra que pudieran concluir en una intervención de tipo «humanitaria» sobre Venezuela.

Sabida es la importancia del Congreso de los Estados Unidos en los asuntos de política exterior de ese país, en cuyo seno se entretejen acciones concernientes a las finanzas y el comercio, al mundo corporativo en general y la industria militar en específico. Allí diversos actores de peso, fuera de la política burocrática, juegan un papel nodal en términos de cabildeo y mueven piezas en favor de sus intereses. Anteriormente hemos documentado cómo ExxonMobil no ha escatimado en recursos para mover el centro de algunas directrices en cuanto a política se refiere sobre Venezuela.

El movimiento a lo interno del Congreso estadounidense que se lleva a cabo con el fin de emitir una ley propuesta para profundizar las agresiones sancionatorias contra nuestro país tiene diversas aristas que se complementan con la última orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, las sanciones promulgadas por el Departamento del Tesoro y el envío de insumos y financiamiento a la oposición venezolana.

El Congreso afina la puntería

A medida que se van acumulando los recursos que componen la ofensiva gringa contra Venezuela, también el establishment político gringo planifica el presupuesto estatal del próximo año, que comprende una parte a lo que en el norte denominan la «situación de Venezuela» desde el punto de vista militar. En la página web del Congreso de EEUU se encuentra el proyecto de ley de Defensa Nacional para el Año Fiscal 2018 (National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2018).

Este proyecto de ley fue introducido en la parte baja de la cámara parlamentaria, la Casa de Representantes (House of Representatives), el pasado 7 de junio y fue aprobada el 14 de julio por amplia mayoría. El 18 de septiembre fue votado por el Senado, por lo que faltaría es el pase del proyecto a la Casa Blanca para ser autorizado mediante firma y pueda ser convertido en ley.

Quien presentó este proyecto fue el republicano Mac Thornberry, patrocinado por BAE Systems, Northrop Grumman Corporation y Lockheed Martin, según Open Secrets, de los mayores contratistas a nivel mundial y pioneros en el entramado del complejo industrial-militar estadounidense.

Para la discusión de este proyecto de ley presupuestaria, se presentaron dos reportes que justificarían la aprobación de dicho texto legislativo. El primero de estos reportes, que pasó por la Casa de Representantes el 6 de julio reciente, tiene un apartado específico titulado «Seguridad y Estabilidad de Venezuela».

El reporte fue presentado por el Comité de Servicios Armados, y con respecto a Venezuela reza lo siguiente:

«El comité está preocupado por el creciente malestar económico y político que se está produciendo en la República Bolivariana de Venezuela bajo el mandato del presidente Nicolás Maduro. Ante los informes de hambruna, incertidumbre política y corrupción, una economía en desintegración y una acción gubernamental indebidamente violenta contra sus ciudadanos, el comité está preocupado porque la inestabilidad en Venezuela podría llevar a un colapso de gobernabilidad y a un Estado fallido. Además, esta inestabilidad podría hacer que parte de la población venezolana emigre a países vecinos, incluyendo la República de Colombia, la República Cooperativa de Guyana, la República del Perú y la República Federativa del Brasil, buscando ayuda humanitaria. Los efectos de una crisis humanitaria a gran escala en la región podrían ser catastróficos.

El comité está preocupado por la planificación de contingencia del Gobierno de los Estados Unidos si ocurre un colapso del Gobierno y economía venezolanos. Por lo tanto, el comité dirige al Secretario de Defensa, en coordinación con otras agencias y departamentos del Gobierno Federal, que el Secretario considere apropiado proporcionar una información, que puede ser clasificada, al Comité de Servicios Armados de la Cámara a más tardar el 30 de septiembre de 2017, sobre los planes de contingencia del Gobierno de los Estados Unidos para una potencial crisis humanitaria y migratoria en Venezuela si su Gobierno y su economía se derrumban, para incluir los roles y responsabilidades del Departamento de Defensa, y los activos que podrían contribuir a dichos planes».

Sobre esto, tres cosas habría que apuntar:

  • La asociación de Venezuela con los términos que usualmente utilizan tanto la mediocracia venezolana e internacional como el secretario general de la OEA, Luis Almagro («colapso gubernamental», «Estado fallido», «ayuda humanitaria») es un discurso que permea en el establishment político estadounidense adentro, y que por tanto seguirá siendo la nomenclatura base que EEUU maneje para referirse a nuestro país en pro de la intervención.
  • El hecho de que se considere una posible crisis de migración de venezolanos que conformaría un escenario «catastrófico» para la región latinoamericana está en consonancia con lo expuesto por Luis Almagro en su último informe, así como con lo apuntado por el almirante Kurt Tidd, jefe del Comando Sur, en su reporte ante el Senado estadounidense este año. Esta hipótesis tiene visos de una pronta conformación de «falsos positivos» puestos para abultar el expediente contra Venezuela, en la medida en que los países limítrofes nombrados y Perú también han funcionado como altas vocerías contra el Gobierno Bolivariano y son funcionales a la política exterior de los EEUU.
  • Que el rol del Pentágono sea considerado nodal con respecto a la «catástrofe» regional consecuencia de la «situación venezolana» llama la atención, sobre todo en cuanto a los precedentes que han involucrado al ejército de los EEUU y la OTAN en las tristemente famosas «intervenciones humanitarias» en Oriente Medio y la extinta Yugoslavia en las últimas décadas.

Consideraciones del momento

En el «Subtítulo C. Cuestiones relacionadas a Siria, Irak e Irán» (Subtitle C—Matters Relating To Syria, Iraq, And Iran) del «Título XII. Cuestiones relacionadas a naciones foráneas» (Title XII—Matters Relating To Foreign Nations), el texto del proyecto de ley presupuestaria nombra a Venezuela como país que coopera con Irán en materia militar. Por ello pide sea evaluado Venezuela en términos militares por el Secretario de Defensa, James Mattis, y asimismo toma en cuenta que Irán, junto a Rusia, China y nuestro país, forman parte del bloque emergente que está poniendo en entredicho la hegemonía estadounidense en el mundo.

El estudio de Venezuela desde el punto de vista militar, junto con la evaluación de un posible envío de «ayuda humanitaria» del ejército estadounidense ya reseñada, tomaría en cuenta la inoperancia de los operadores locales en la misión de imponer un escenario de violencia armada, bien organizada y con elementos mercenarios que se intentó canalizar en los 120 días de manifestaciones beligerantes protagonizadas por el antichavismo en varias zonas del territorio venezolano.

A falta de los recursos necesarios para imponer este escenario, y a pesar de todo el apoyo que obtuvo la oposición local por parte de los EEUU y de otros actores regionales, el Congreso estadounidense y la dirección militar que hoy gobierna ese país desde la Casa Blanca consideran expresamente una intervención en Venezuela, por lo menos desde el punto de vista presupuestario y en términos operativos. Las sanciones y bloqueo financiero contra Venezuela, justamente, persiguen la fabricación de ese escenario de «colapso económico», paralización de sistemas de pago y limitación de importaciones mediante, para justificar la «contingencia» de la intervención.

El perfil de este reporte se corresponde con el corolario de acciones que contribuyeron a las intervenciones a Libia e Irak, ambas precedidas por acciones de bloqueo financiero y sanciones a la dirigencia nacional como excusa para, a fuerza de bombazos, «proteger» a poblaciones asediadas.

La «opción militar» comentada por Trump, ante estos hechos, no es consistente a una locura o un despropósito discursivo, sino un plan político que sigue tejiéndose, adquiriendo forma y quemando sus etapas.