Presentan pruebas sobre plan desestabilizador auspiciado por Alcaldía de Chacao


Caracas, 23 de mayo de 2007 / El diputado Reinaldo García, miembro de la Comisión Permanente de Política Interior, Derechos Humanos y Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional (AN), presentó pruebas contundentes sobre el plan desestabilizador que encabezan Pablo Medina, Oscar Pérez, Antonio Ledezma y Leopoldo López, entre otros dirigentes de la oposición venezolana.

El plan consiste, según el diputado, en sabotear el funcionamiento de los Consejos Comunales, paralizar el transporte público nacional, levantar un conjunto de protestas semanales y quincenales, cerrar calles y avenidas; y una conspiración para asesinar al Presidente de la República, Hugo Chávez Frías.

«Durante la reunión ordinaria de la comisión de este miércoles presentaré unos papeles que me hicieron llegar y pediré una discusión profunda sobre el asunto. Estamos frente a una conspiración que viene orquestándose desde el municipio Chacao», destacó García.

Dijo que algunas redes de inteligencia han revelado que los grupos de oposición han logrado traer al país un aparato tecnológico denominado “Fly Away, el cual sería utilizado para hacer transmisiones televisivas sin filtro y directamente vía satélite», detalló.

«Este aparato ya está en manos de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención {(Disip) y se está investigando cómo llegó al país. En el plan participan militares involucrados directamente en el golpe de Estado del 11 de abril. Ellos están realizando, como siempre, su trabajo de conspiración», agregó.

Hizo un llamado a la población para que se mantenga alerta porque, de acuerdo con la información que ha recibido, los hechos de violencia no se llevarán a cabo el 26 y el 27 de mayo sino los días sucesivos.

«Este es un plan bien concebido que se mantendrá por varios días. Fotografiarán las viviendas y familiares de dirigentes que apoyan al Gobierno para luego herirlos o matarlos», denunció.

Agregó que en materia carcelaria también han logrado detectar el manejo de unos 30 o 40 millones de bolívares que están siendo utilizados para financiar hechos de violencia dentro de los principales recintos penitenciarios de Venezuela.

«Tenemos que determinar quién está financiando esta violencia, quién se beneficia con el dolor humano y qué buscan con alterar el orden dentro de las cárceles venezolanas», apuntó García.

VTV/ABN

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