Pronunciamiento ante la visita del Jefe del Pentágono a Caracas y sobre la política laboral de Delcy Rodríguez

Tercera Vía Electoral. Credito: Prensa TVE.

Por: Prensa TVE | 

CONTRA LA VISITA DEL JEFE DEL PENTAGONO EN CARACAS

Desde la Tercera Vía Electoral (TVE) y los sectores firmantes del Manifiesto Programático Mínimo por la Recuperación de la Soberanía sobre el Patrimonio Petrolero Nacional, rechazamos categóricamente la presencia en Caracas del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, y su recepción oficial en el Palacio de Miraflores.

Esta visita no constituye un acto de cooperación entre Estados soberanos, sino la escenificación del tutelaje geopolítico y militar pactado a espaldas del pueblo venezolano. Resulta inaceptable que, mientras la administración de Donald Trump mantiene vigentes las sanciones económicas, el chantaje financiero y la presión militar contra nuestra Nación, el gobierno interino de Delcy Rodríguez (carente de legitimidad de origen) convalide acuerdos que comprometen nuestra soberanía y entregan el control de 17 campos petroleros y 65.000 millones de barriles de reservas probadas a favor del Departamento de Guerra de los Estados Unidos.

Reiteramos que ningún acuerdo celebrado sin transparencia contractual, sin licitación pública y sin la aprobación de una Asamblea Nacional legítima tiene validez constitucional. Venezuela no puede transitar hacia la estabilidad ni hacia la recuperación económica bajo un esquema de genuflexión externa que hipoteca nuestro subsuelo mientras condena a los trabajadores, jubilados y pensionados a la precariedad. Exigimos el cese de toda injerencia extranjera, la nulidad del acuerdo petrolero del 28 de agosto de 2026 y la restitución inmediata del calendario electoral para que seamos exclusivamente los venezolanos quienes decidamos nuestro destino.

POR LA RECUPERACIÓN DEL SALARIO, LAS PRESTACIONES SOCIALES Y LA DIGNIDAD DEL TRABAJADOR VENEZOLANO

Por un nuevo pacto social de trabajo, producción y justicia distributiva

La Tercera Vía se dirige al país para fijar posición ante el deterioro sostenido de los ingresos de los trabajadores, la pérdida de capacidad adquisitiva de los salarios, la desvalorización de las prestaciones sociales y la precarización de las condiciones de trabajo. No puede haber recuperación nacional sobre la base del empobrecimiento de quienes producen la riqueza. Tampoco puede hablarse de estabilidad económica mientras millones de trabajadores activos, jubilados y pensionados carezcan de ingresos suficientes para vivir con dignidad.

La crisis salarial no es un asunto aislado ni una variable que pueda resolverse mediante anuncios ocasionales o asignaciones discrecionales. Es un problema económico, jurídico, institucional y distributivo que compromete la Constitución, la legislación laboral, la seguridad social y el modelo de desarrollo del país. Por ello proponemos una respuesta integral, verificable y construida con participación de los trabajadores.

I. EL SALARIO COMO DERECHO Y COMO BASE DE LA VIDA DIGNA

El artículo 91 de la Constitución reconoce el derecho de toda persona trabajadora a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Ese mandato no puede sustituirse por pagos eventuales, bonos discrecionales ni mecanismos que carezcan de estabilidad y protección legal.

La Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras establece el salario como remuneración del trabajo y dispone que su determinación debe atender a su carácter suficiente y a los elementos que lo integran. La naturaleza salarial de una percepción debe establecerse conforme a la realidad de su pago y a la ley, no únicamente por el nombre que se le asigne. Esto exige examinar cada concepto sin presumir que toda bonificación es salario, pero también sin permitir que se utilicen etiquetas para desconocer derechos.

La política de ingresos debe recuperar el salario como referencia central de la relación laboral: debe ser periódico, suficiente, transparente y con incidencia en los derechos que legalmente correspondan. Los bonos pueden ser complementarios, pero no deben convertirse en sustitutos permanentes del salario ni servir para desmantelar las escalas, las prestaciones y la protección social.

II. SUPERAR LA PRECARIZACIÓN Y REVISAR LAS DISTORSIONES INSTITUCIONALES

Las políticas de remuneración aplicadas durante los últimos años, incluidas las distorsiones asociadas al Memorando 2792 y a decisiones presupuestarias y administrativas vinculadas con la ONAPRE, contribuyeron a debilitar escalas salariales, convenciones colectivas y condiciones previamente reconocidas. Sus efectos deben ser examinados con rigor jurídico, económico y documental.

No proponemos desconocer de manera automática toda medida ni sustituir el análisis de cada caso por consignas. Exigimos una revisión transparente de los actos, sus fundamentos, sus consecuencias y su compatibilidad con la Constitución, la legislación laboral y los convenios colectivos. Cuando se comprueben afectaciones ilegales o arbitrarias, corresponde establecer mecanismos de restitución y reparación.

La recuperación salarial requiere reglas estables y diálogo social real. Ningún ajuste puede imponerse de espaldas a los trabajadores, sus organizaciones y los sectores productivos.

III. LAS PRESTACIONES SOCIALES SON PATRIMONIO DEL TRABAJADOR

El artículo 92 constitucional reconoce el derecho a prestaciones sociales que recompensen la antigüedad en el servicio y amparen al trabajador en caso de cesantía. La LOTTT, especialmente en sus artículos 141 y 142, desarrolla su régimen y establece garantías para su cálculo y pago.

Las prestaciones no son una concesión del patrono ni un beneficio sujeto a la voluntad de la administración. Constituyen un derecho patrimonial del trabajador. Por ello debe garantizarse que los depósitos, anticipos, fideicomisos, rendimientos y saldos estén debidamente registrados, calculados y disponibles conforme a la ley.

Proponemos una auditoría nacional de las prestaciones sociales, con información individualizada, trazabilidad de los recursos y mecanismos accesibles para que cada trabajador pueda verificar el monto que le corresponde. La opacidad sobre estos fondos profundiza la indefensión y erosiona la confianza en las instituciones.

IV. RECONOCIMIENTO DE DEUDAS LABORALES Y AUDITORÍA INDEPENDIENTE

El Estado y los empleadores públicos y privados deben identificar, cuantificar y reconocer las obligaciones laborales pendientes. La falta de presupuesto, los cambios administrativos o la fragmentación institucional no pueden convertirse en excusas para borrar derechos adquiridos.

Planteamos la creación de un registro nacional de pasivos laborales que permita ordenar las deudas por institución, sector, concepto, período y número de trabajadores afectados. Este registro debe incluir salarios pendientes, diferencias por escalas, prestaciones, incidencias, beneficios contractuales, jubilaciones y demás obligaciones legalmente exigibles.

El proceso debe contar con auditorías independientes, participación de representantes de los trabajadores y publicación de resultados. También debe existir un cronograma verificable de pago, con criterios de prioridad transparentes y mecanismos para impugnar errores.

V. JUBILADOS Y PENSIONADOS: JUSTICIA DESPUÉS DE TODA UNA VIDA DE TRABAJO

La dignidad laboral no termina con la jubilación. Quienes dedicaron décadas al servicio público o privado no pueden ser condenados a la pobreza al concluir su vida activa. Las pensiones deben guardar correspondencia con los principios constitucionales de suficiencia, protección social y trato digno.

Exigimos revisar los mecanismos de cálculo y actualización de las pensiones, las deudas acumuladas y las diferencias que puedan derivarse de la aplicación irregular de escalas o beneficios. La política de protección debe incluir a jubilados y pensionados, sin discriminaciones ni exclusiones.

La atención a este sector no puede reducirse a ayudas ocasionales. Debe formar parte de un sistema sostenible de seguridad social, financiado con transparencia y responsabilidad intergeneracional.

VI. LA TERCERA VÍA: TRABAJO DIGNO, PRODUCCIÓN Y JUSTICIA DISTRIBUTIVA

La Tercera Vía rechaza tanto la precarización burocrática que convierte los derechos laborales en concesiones discrecionales como las fórmulas de liberalización que pretenden resolver la crisis descargando sus costos sobre los trabajadores. Ni el Estado puede utilizar su poder para desconocer derechos, ni el mercado puede ser una excusa para desproteger a quienes generan la riqueza.

Nuestra propuesta parte de cinco principios: salario suficiente y protegido; seguridad jurídica y respeto a los derechos adquiridos; recuperación de la producción nacional y del empleo digno; distribución justa y transparente de la renta; y rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos.

La recuperación del salario debe estar vinculada a una estrategia productiva que combata la inflación, promueva la inversión, fortalezca la industria y el campo, genere empleo formal y eleve la productividad. No se trata de escoger entre trabajadores y producción: una economía sostenible necesita trabajadores con ingresos dignos, empresas productivas y un Estado que regule con justicia, invierta con eficiencia y rinda cuentas.

El ingreso petrolero y las demás rentas nacionales deben administrarse bajo criterios de soberanía, transparencia y beneficio colectivo. La riqueza del país no puede quedar separada de las necesidades de la población ni de las obligaciones laborales y sociales del Estado.

VII. PLIEGO DE EXIGENCIAS Y MEDIDAS INMEDIATAS

En consecuencia, la Tercera Vía plantea al país y a las autoridades competentes las siguientes medidas:

1. Establecer un plan extraordinario, público y verificable de recuperación del salario mínimo y de las remuneraciones, con metas, plazos y mecanismos de actualización.

2. Reconocer como objetivo político inmediato un bono extraordinario de fin de año no inferior a 1.000 dólares para cada trabajador activo, jubilado y pensionado, sin que ese pago sustituya el salario, las prestaciones ni extinga las deudas laborales.

3. Restituir y reconstruir las escalas salariales, respetando la experiencia, la formación, la responsabilidad, la antigüedad y las convenciones colectivas.

4. Revisar jurídica y económicamente los efectos del Memorando 2792 y de las decisiones asociadas a la ONAPRE, y reparar las afectaciones ilegales que se comprueben.

5. Crear el Registro Nacional de Pasivos Laborales, con información accesible, individualizada y auditable.

6. Realizar auditorías independientes de nóminas, fondos de prestaciones, fideicomisos, convenciones colectivas, presupuestos y obligaciones pendientes.

7. Garantizar el cálculo correcto, la actualización, la trazabilidad y el pago de las prestaciones sociales conforme a la Constitución y la LOTTT.

8. Respetar la autonomía sindical, la libertad de asociación, la negociación colectiva y la participación efectiva de los trabajadores en las decisiones que les afecten.

9. Proteger a jubilados y pensionados mediante la revisión de pensiones, el reconocimiento de deudas y la recuperación progresiva de su poder adquisitivo.

10. Publicar información verificable sobre los ingresos provenientes del petróleo y de otras fuentes de renta nacional, así como sobre su destino y aplicación presupuestaria.

11. Institucionalizar mecanismos de participación de trabajadores, empleadores y organizaciones sociales en el diseño, seguimiento y evaluación de la política salarial y laboral.

12. Adoptar un plan nacional de empleo y productividad que impulse la producción, formalice el trabajo, fortalezca la formación profesional y vincule el crecimiento económico con una distribución justa de sus resultados.

VIII. UN NUEVO PACTO SOCIAL DE TRABAJO, PRODUCCIÓN Y JUSTICIA

La salida de la crisis exige un nuevo pacto social que reconozca al trabajo como fundamento de la riqueza nacional y a los trabajadores como sujetos de derechos, no como receptores de favores. Ese pacto debe construirse mediante diálogo plural, negociación de buena fe, respeto a la Constitución y compromisos que puedan ser medidos y exigidos.

Convocamos a trabajadores activos, jubilados y pensionados, sindicatos, profesionales, pequeños y medianos empresarios, productores, universidades y organizaciones sociales a impulsar una agenda nacional que supere la confrontación estéril y coloque en el centro la recuperación de la vida, el trabajo y la producción.

No habrá reconstrucción económica sostenible con salarios de hambre; no habrá justicia social sin prestaciones protegidas; no habrá democracia plena sin sindicatos libres y trabajadores con voz; y no habrá soberanía nacional si la riqueza colectiva no se traduce en bienestar para la población.

LA TERCERA VÍA
LIBERTAD, JUSTICIA Y DIGNIDAD PARA TODOS

Por Equipo Promotor de la Tercera Vía Electoral

Andrés Giussepe

María Alejandra Díaz

Manuel Isidro Molina

José Luis Ibrahím Esté

Horacio Silva

Irving Ríos

Entre otros