Las presas políticas paraguayas vuelven a ponerse de pie
Tras nueve días de huelga, las presas políticas paraguayas —Carmen y Laura Villalba y Francisca Dino— reiniciaron el 27 de noviembre una nueva huelga de hambre. No es un gesto simbólico: es el grito de quienes enfrentan un doble cerco represivo. Por un lado, las condiciones carcelarias inhumanas y degradantes, propias de un sistema que castiga la pobreza, la insurgencia y la militancia comunista. Por el otro, el aislamiento político, que busca quebrar la organización de solidaridad humanitaria y la capacidad de denunciar la desaparición de Lichita, el doble infanticidio de María Carmen y Lilian, como las anomalías jurídicas en los casos de las tres presas políticas.
La violencia a la que se enfrentan no es un exceso: es la política penitenciaria de un Estado que reproduce la lógica contrainsurgente y la “doctrina Bukele” exportada a toda América Latina. Cárceles superpobladas, suspensión de derechos básicos, castigo colectivo, aislamiento prolongado, negación de atención médica, prohibición de estudiar y leer, censura a las visitas, trabas administrativas para visitas, todo envuelto en un discurso de “seguridad” que no es más que gobierno por el miedo.
Este modelo represivo es la herramienta del capitalismo dependiente para administrar los cuerpos sobrantes y las revoluciones vivas. El aparato penitenciario funciona como un laboratorio donde se prueban formas extremas de disciplinamiento y deshumanización —la misma maquinaria que luego se aplica en territorios indígenas, barrios pobres y comunidades organizadas-.
Sin embargo, ningún régimen de fuerza borra las obligaciones del derecho internacional.
Paraguay está violando abiertamente:
- Reglas Mandela: prohibición absoluta de la tortura, aislamiento prolongado, castigos colectivos y negación de asistencia médica.
- Convención Interamericana contra la Tortura: obligación de prevenir, investigar y sancionar prácticas degradantes.
- Convención sobre Desaparición Forzada: deber de garantizar la búsqueda sin obstrucciones —incluida la participación de las familias, hoy denegada a Carmen.
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: derecho a la integridad, a la vida, a comunicarse con el exterior, a la educación, a la defensa.
La nueva huelga de hambre deja al desnudo que las presas políticas no están luchando solo por sobrevivir, sino por desmontar un régimen de terror institucional que pretende convertirse en norma continental.
En un país donde una niña —Lichita— sigue desaparecida, donde la madre es prohibida de participar en la búsqueda y donde las presas son castigadas por leer, estudiar o recibir visitas, la responsabilidad política e histórica es romper el silencio.
socorrorojo
Nuestra América