«patrón de represalias» en el caso de la abogada María Alejandra Díaz
María Alejandra Díaz
Credito: C.punto
26-05-25.-La Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, ha denunciado un «patrón de represalias» que incluye hostigamiento, sanciones y suspensión profesional contra la abogada venezolana María Alejandra Díaz.
La denuncia se relaciona con el acompañamiento de Díaz en un amparo electoral que exigía al Consejo Nacional Electoral (CNE) la publicación de resultados desagregados de las elecciones del 28 de julio en Venezuela.
Según la Experta de la ONU, el caso de Díaz «parece formar parte de un patrón más amplio de intimidación dirigido a silenciar a abogados que representan a víctimas de violaciones de derechos humanos».
El pronunciamiento de Satterthwaite, difundido por la cuenta de X de PROVEA, subraya la preocupación por el estado de la independencia judicial y la defensa de los derechos humanos en el país.
La sanción impuesta a la abogada Díaz por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es calificada por la Experta como carente de base legal clara y marcada por irregularidades. Entre estas se incluyen una multa desproporcionada, la suspensión profesional y un procedimiento disciplinario sin acceso a la sentencia completa. Este proceso disciplinario fue activado a raíz del amparo que cuestionaba la falta de publicación oficial por parte del CNE de los resultados desagregados de las elecciones presidenciales de 2024.
Además de las sanciones, Satterthwaite ha denunciado amenazas, riesgo de detención y presión ejercida sobre los familiares de María Alejandra Díaz.
La comunicación de la ONU fue publicada tras 60 días sin recibir respuesta por parte del Estado venezolano, en cumplimiento del protocolo de transparencia del sistema internacional. Esta es la tercera ocasión en menos de un año en la que el gobierno de Nicolás Maduro no responde a las preguntas de Naciones Unidas sobre ataques contra defensores y abogados en Venezuela.
La situación resalta las crecientes preocupaciones internacionales sobre el respeto a la independencia judicial y el espacio para el ejercicio de la abogacía en el país.