Cerrar los pasos fronterizos es una medida extrema. No es solo un acto administrativo como bajar una pasarela o colocar obstáculos en la vía. Cuando esa decisión se toma entre poblaciones gemelas, como es en casi toda la frontera colombo-venezolana, implica la suspensión de actividades: educativas, productivas, comerciales y sobre todo la vida entre familias. Esta decisión en ausencia de un enfrentamiento bélico, es una barbaridad violatoria de las Constituciones de los dos países y del artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice”Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.”.
Es una muestra de ejercicio omnímodo del poder. El actual cierre, lo inicio Venezuela, el 19 de agosto del año 2015. Debía consultarse con los afectados a través de lo que el Derecho Constitucional moderno y la Ciencia Política denominan la participación. Las dos Constituciones lo contemplan, la de Colombia de 1991, en el artículo 1 define al Estado colombiano como participativo y la Bolivariana de Venezuela de 1999, en el artículo 6 dice que su gobierno será participativo, en la frontera esos derechos constitucionales no se cumplen y particularmente cuando cierran los pasos fronterizos.
El decreto Presidencial de cierre y de suspensión de derechos políticos, buscaba enfrentar el paramilitarismo, el narcotráfico y el contrabando de extracción. No obstante después de cuatro años, las declaraciones oficiales, abundan en muestras de que tal situación no solo se mantiene sino se han incrementado como el caso de los delitos de terrorismo, tres días antes de este cuarto año del cierre, en Ureña detuvieron cuatro supuestos paramilitares, el contrabando de gasolina se ha reducido, por la escasez nacional, sin embargo continua el paso a Colombia de carne y chatarras, las autoridades de Colombia no impiden la entrada y las de Venezuela no frenan la salida.
Por otro lado, aunque no aparece expresamente en las razones del cierre; la ruptura de relaciones y la situación de alta conflictividad, arropan a la frontera y ésta pasa a formar parte de la estrategia de conflicto con Colombia. Pero el nivel de los gobiernos nacionales, donde se enfrentan dos modelos ideológicos de desarrollo y visiones políticas opuestas, es un debate político de posiciones y va de momentos de alta tensión a menos tensión. Mientras, los habitantes del lado venezolano de la frontera, actualmente miden su existencia en términos de concreciones para la vida no de discursos o arengas.
También se puede caer en la simplificación de considerar desde un esquema de juego suma cero, que Colombia es afectada con el cierre, eso ocurría en décadas pasadas, cuando Cúcuta dependía de la economía venezolana. En la coyuntura actual Venezuela es la que se afecta con el cierre. , pues se dificulta el paso para cientos de miles de venezolanos que van a Cúcuta y La Parada a adquirir alimentos, medicinas y otros bienes, o para emigrar. En San Antonio y Ureña hay cerca de 16 mil desempleados por las empresas que tuvieron que cerrar al no poder traer insumos y materias primas de Colombia.En cuanto a Cúcuta con el cierre, perdió el mercado de exportaciones a Venezuela que era su destinatario numero, uno, pero lo sustituyó con un aliado de Caracas, Turquía. El promedio del PIB del Norte de Santander es del 4,4 %, con el cierre solo creció 1% en el 2015, pero en el 2016 alcanzó el 3,3%, en el 2017 hubo una desaceleración del crecimiento, pero con números positivos. En el Táchira no se tienen estadísticas macroeconómicas.
En la actualidad los colombianos, no buscan empleo ni comprar en Venezuela por la hiperinflación, el salario mínimo de Colombia es de 828.116, unos 215 dólares, mientras el salario mínimo de Venezuela, alcanza solo a cubrir el pago de una carrera de taxi del puente internacional al centro de Cúcuta. Eso se refleja en el carnet fronterizo, una medida positiva que ofreció Venezuela para ingresar hasta el Táchira, de 1.332.000 habitantes del Norte de Santander solo lo solicitaron 12 mil habitantes de ese departamento.
En definitiva, debe redefinirse como se conduce la controversia con Colombia para excluir a la frontera del tablero, pues solo se afecta a las personas de bien, de ambos lados y sobre todo de Venezuela.
Se impone un entendimiento de los Presidentes Nicolas Maduro e Ivan Duque, sobre frontera, para atender cerca de 6 millones de venezolanos y 4 de colombianos que viven en ella. Y un diálogo regional entre todos los sectores de la vida social, económica, política, gremial, académica y cultural, para solicitar la apertura total de los pasos fronterizos, y otra acción muy necesaria, impulsar un Plan de Desarrollo Fronterizo Táchira-Norte de Santander. El alcalde chavista de Ureña en muestra de autonomía de criterio y de identificación y sensibilidad por los asuntos de su municipio, considera debe abrirse totalmente la frontera, igual lo ha planteado la gobernadora de oposición, buen signo esa coincidencia.