Así saldarían las cuentas pendientes con la justicia transicional los militares y policías

Una de las preguntas constantes al gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha sido cuál será el tratamiento penal que recibirían los miembros de las Fuerzas Armadas que cometieron delitos en el marco del conflicto armado. Voces de oposición han cuestionado que los guerrilleros de las FARC sean equiparados con los militares y policías, o que lleguen a recibir más beneficios.

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, resolvió ese interrogante este viernes cuando explicó los tratamientos penales “especiales” y diferenciados que tendrán los uniformados dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz.

“Está listo el capítulo de justicia transicional y las primeras medidas para los agentes del Estado, dentro del proyecto de ley que será presentado en el Congreso. (…) Esta es una decisión unilateral del Estado, no es un modelo acordado en La Habana”, dijo.

Las únicas condiciones que tendrán que cumplir los miembros de las Fuerzas Armadas que se acojan a los beneficios serán comprometerse a contribuir a la verdad, la reparación y la no repetición.

De mayor a menor

Uno de los lunares de las Fuerzas Militares ha sido, sin duda, el escándalo de los ‘falsos positivos‘. Allí se vieron involucrados desde soldados hasta altos mandos del Ejército Nacional. Precisamente cuando se ultiman detalles en La Habana, el Gobierno termina de hacer los ajustes que los involucran a ellos.

Una de las propuestas consiste en aplicar libertad “transitoria o anticipada” a los militares o policías que quieran someterse a este modelo por haber cometido delitos relacionados con el conflicto armado, incluidos los de lesa humanidad. Sin embargo, estos últimos, explicó Villegas, sólo podrán estar en libertad después de que hayan pagado cinco años de cárcel.

“Una persona que esté procesada por la justicia penal militar o justicia ordinaria y tenga una condena de 10 años, pero sólo ha pagado cinco, se puede someter a este beneficio y conseguir la libertad anticipada”, puntualizó.

Y agregó que la privación de la libertad para cumplir los términos puede ser en unidades militares, bajo la supervisión de los directores de los establecimientos penitenciarios.

Según los cálculos que hicieron Villegas y el ministro de Justicia, Jorge Londoño, apenas entre en vigencia este proyecto de Ley, el beneficio se aplicaría a unos 5.500 miembros de la fuerza pública. De ellos, 2.000 están actualmente privados de la libertad (1.020 tendrían libertad condicionada y 980 privación de libertad en unidad militares) y 3.500 están investigados pero no tienen medida de aseguramiento.

Borrón y cuenta nueva

Pero esta no es la única medida. También existirá una “sala de definición de situaciones jurídicas” del Tribunal Especial para la Paz que tendrá la función de decidir “la renuncia de la persecución penal a los agentes del Estado” que estén condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles en relación con el conflicto armado.

Es decir, esta sala tendrá la competencia de cerrar definitivamente los procesos jurídicos que tengan los uniformados involucrados en delitos que no sean de lesa humanidad.

¿Qué delitos están excluidos de este último beneficio?

– Crímenes de guerra.

– Secuestro y privaciones de la libertad.

– Tortura.

– Ejecuciones extrajudiciales, también llamadas ‘falsos positivos’.

– Desaparición forzada.

– Acceso carnal violento y otras formas de delitos sexuales.

– Sustracción de menores.

– Desplazamiento.

– Reclutamiento de menores.

El ministro Villegas agregó que también se excluyen de esta sala los delitos que no fueron cometidos en medio del conflicto armado y los que atentan contra los intereses de la fuerza pública.

Según el jefe de cartera, no habrá “guerrilleros amnistiados e indultados, y soldados y policías en proceso de espera del funcionamiento de un tribunal de justicia transicional. Vamos a aplicar a ambos, diferenciadamente, unas medidas que les permitan disfrutar de las consecuencias de una justicia que se deriva del proceso de paz”.

El anuncio de estos beneficios para los militares se da dos días después de que el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez propusiera la creación de un Tribunal Nacional de Paz que tendría como propósito juzgar y sancionar los crímenes cometidos por miembros de las fuerzas armadas y civiles en medio del conflicto armado.

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La idea del exmandatario era que este tribunal sustituya la Jurisdicción Especial de Paz pactada en La Habana, pues Uribe ha sido uno de los críticos que han asegurado que el Gobierno quiere “igualar” a los militares con el “terrorismo”.